El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha enviado una carta a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, estableciendo un ultimátum para firmar el convenio del Programa de María Goyri. Este programa es esencial para estabilizar al personal docente de las universidades públicas madrileñas, y la firma debe realizarse antes del viernes 13 de diciembre.
La ministra Diana Morant ha enfatizado que todas las comunidades autónomas, incluida Madrid, ya aprobaron las condiciones del convenio en la Conferencia General de Política Universitaria el pasado 19 de julio. Sin embargo, la firma formal aún está pendiente por parte de la Comunidad de Madrid.
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Incremento de la Financiación Universitaria
En paralelo, el Gobierno regional anunció un aumento del 4,2% en la financiación para sus seis universidades públicas durante 2025. Además, se destinarán 20 millones de euros adicionales para inversiones y mantenimiento de infraestructuras universitarias. Este incremento forma parte de un plan más amplio para desarrollar un modelo de financiación estable para las universidades públicas.
A pesar de estos avances, el equipo de Ayuso ha expresado su intención de firmar el convenio con el Ministerio de Universidades para crear hasta 1.100 nuevas plazas docentes, aunque con ciertas modificaciones propuestas al acuerdo original.
Rechazo a Modificaciones
El Ministerio de Ciencia ha rechazado las modificaciones propuestas por la Comunidad de Madrid, insistiendo en que el convenio debe ser firmado tal como fue acordado inicialmente. La ministra Morant espera que el Ejecutivo regional apruebe el programa en su Órgano de Gobierno, permitiendo así una firma conjunta entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas.
La fecha límite para la firma es el 13 de diciembre, según lo especificado en la carta enviada a la Consejería de Educación madrileña. La falta de acuerdo podría resultar en la pérdida de 169 millones de euros, una cantidad significativa destinada a mejorar la estabilidad laboral de los docentes universitarios.
Este escenario plantea un desafío importante para la Comunidad de Madrid, que debe equilibrar sus propuestas internas con las exigencias del Ministerio para no comprometer los fondos necesarios para el desarrollo educativo de la región.
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