El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha invalidado la Instrucción 1/2021, emitida por Jesús Esteban Pavón, Secretario de Gobierno de los juzgados de Ceuta, al estimar que se extralimitaba en sus facultades al exigir a los letrados de la Administración de Justicia la cumplimentación sistemática de formularios de datos.
Esta decisión, adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, responde al recurso presentado por el abogado Andrés Díaz López, y conlleva la anulación de la instrucción desde su origen. El TSJA destacó que la obligación de entregar datos periódicamente se estableció sin seguir el procedimiento legal pertinente, vulnerando así las competencias asignadas al cargo.
El tribunal señala que, aunque la recopilación de información pueda tener objetivos legítimos, esta debe realizarse mediante los canales oficiales y conforme a las directrices de los órganos competentes. Por ello, declaró nulo de pleno derecho el mandato, confirmando que carece de validez jurídica desde su adopción.
Esta anulación se produce en un momento clave para la organización judicial en España, que avanza hacia la implementación del nuevo modelo legislado en la Ley Orgánica 1/2025, que reemplaza los juzgados unipersonales por tribunales de instancia y redefine la estructura de la Oficina Judicial. En este contexto, la Secretaría de Gobierno juega un papel fundamental en la elaboración de protocolos que impactan directamente en el funcionamiento del servicio de justicia.
Distintos abogados en Ceuta han expresado su preocupación respecto al proceso de transformación, solicitando mayor implicación y diálogo. Señalan que el modelo de Nueva Oficina Judicial está operativo en la ciudad desde 2013, y estiman que la implantación del nuevo servicio común podría haberse llevado a cabo de forma más sencilla y participativa.
De cara al próximo nombramiento del Secretario de Gobierno en Ceuta, los letrados insisten en la importancia de elegir a un perfil que combine competencias técnicas, sensibilidad y autoridad, para liderar eficazmente esta reforma y asegurar un servicio judicial eficiente y transparente.
