El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York decidió revocar una sentencia que obligaba a Argentina a abonar 16.000 millones de dólares. Este conflicto se origina en la nacionalización en 2012 de la petrolera estatal YPF, que hasta entonces estaba bajo control de la empresa española Repsol.
El fallo emitido el pasado viernes anula la sentencia dictada en septiembre de 2023, representando un avance significativo en el extenso proceso judicial entre Argentina y varios inversionistas tras la expropiación de YPF.
Previamente, el tribunal accedió al pedido argentino para suspender cualquier procedimiento relacionado con la ejecución del fallo que imponía el pago. La causa ha estado bajo la jurisdicción de la corte federal de Nueva York desde 2015.
El origen del litigio radica en la disputa sobre si Argentina debe indemnizar a los inversores que alegan pérdidas al adquirir el 51% de YPF sin realizar una oferta pública sobre el resto de las acciones.
El presidente argentino, Javier Milei, manifestó su satisfacción por esta resolución que calificó como histórica. Desde Buenos Aires, comentó que esta decisión representa un día especial para el país y que se logró derrotar a Burford Capital en el sistema judicial estadounidense.
Las firmas Burford Capital y Eton Park iniciaron la demanda en 2015 tras haber comprado los derechos de litigio de dos empresas españolas quebradas, afectadas por la expropiación de YPF.
Milei señaló que este fallo evitará el pago de aproximadamente 18.000 millones de dólares, incluyendo los intereses acumulados desde la sentencia de 2023 de la jueza federal Loretta Preska.
Además, el presidente aprovechó para criticar a la exmandataria Cristina Fernández y al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacando que la nacionalización de YPF fue una medida adoptada durante su gestión y aprobada por el Parlamento en 2012.
La sentencia de 2023, apelada por Argentina, había ordenado a la nación transferir su participación en YPF a los demandantes. Sin embargo, el Gobierno argentino sostiene que la jurisdicción adecuada para resolver este conflicto no es Estados Unidos, sino su propio territorio nacional.
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