Un informe interno de la empresa pública Tragsatec ha detectado deficiencias significativas en la contratación y supervisión de Jéssica Rodríguez, quien fue pareja del exministro José Luis Ábalos. Este documento, enviado al Tribunal Supremo semanas antes del inicio del juicio, señala que la falta de control sobre su desempeño estuvo en gran parte motivada por la «presión» ejercida por ADIF.
Un salario sin desempeño laboral efectivo
De acuerdo con la acusación fiscal, Rodríguez recibió un total de 43.978 euros entre 2019 y 2021 mediante contratos en Ineco y Tragsatec, pese a que supuestamente no realizó ninguna actividad laboral. En el caso de Tragsatec específicamente, la empleada percibió 9.500 euros durante seis meses en 2021.
Durante la investigación, la propia implicada admitió no acudir a su lugar de trabajo, lo cual coincide con los relatos de sus supervisores. Estos relataron que se les indicó «dejar en paz a la sobrina del ministro» cuando cuestionaron la ausencia de fichajes.
«Se detectaron irregularidades relacionadas con el registro horario que fueron señaladas repetidamente, sin que se adoptaran medidas correctivas», señala el informe de cumplimiento interno.
Deficiencias durante la selección
La auditoría interna de Tragsatec indica que no solo hubo fallos en la supervisión posterior, sino que la incorporación de Rodríguez a la empresa pública fue irregular. El informe destaca los siguientes aspectos:
- Ausencia de entrevista técnica: No se registró la realización de esta prueba obligatoria según las normas internas.
- Falta de supervisión por parte de ADIF: Como los servicios se desarrollaban en las instalaciones de ADIF, este organismo tenía la responsabilidad de asignar tareas, pero no notificó ninguna falta.
- Mecanismos de aviso inactivos: A pesar de las alertas internas, no se aplicó ningún protocolo formal para sancionar o corregir las irregularidades.
Situación judicial pendiente
Estos aspectos forman parte de la causa que el Tribunal Supremo comenzará a juzgar el próximo 7 de abril. En el proceso judicial estarán presentes el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el intermediario Víctor de Aldama.
La Fiscalía argumenta que Ábalos utilizó su «superioridad jerárquica» para facilitar estas contrataciones mediante una «presión moral efectiva». Por otra parte, la Audiencia Nacional mantiene bajo investigación a la entonces presidenta de ADIF, Ana Pardo de Vera, por su posible implicación en la gestión de estos contratos.
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