Las defensas de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y de Miguel Aldama, empresario investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, han mostrado diferencias notables en el Tribunal Supremo. El caso, que podría sentar precedentes legales, se complica por la falta de una estrategia común.
El Tribunal Supremo ha sido escenario de un tenso enfrentamiento entre las defensas de José Luis Ábalos y Miguel Aldama, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Mientras que el exministro socialista ha optado por una estrategia que busca desvincularlo totalmente de las decisiones administrativas cuestionadas, Aldama parece inclinarse hacia un enfoque más combativo, apuntando a posibles presiones políticas.
En las sesiones recientes, los abogados de Ábalos han insistido en que el exministro no tuvo conocimiento ni participación activa en los procesos que ahora están bajo la lupa judicial. Su equipo sostiene que las decisiones se tomaron dentro de los cauces administrativos habituales y por técnicos competentes. “No hay pruebas de que el señor Ábalos haya intervenido personalmente en ninguna de las adjudicaciones”, subrayó su defensa.
Por otro lado, Aldama, empresario vinculado a uno de los contratos en cuestión, ha adoptado una postura que busca demostrar que las irregularidades se produjeron debido a decisiones políticas externas a su control. Su defensa ha sugerido que las presiones desde altos niveles del ministerio pudieron influir en los procedimientos, insinuando indirectamente la responsabilidad de Ábalos o su entorno.
El choque de estrategias ha sido evidente en varias ocasiones, generando tensiones entre las partes, que inicialmente parecían alineadas. Según fuentes judiciales, esta falta de cohesión podría complicar el desarrollo del caso, especialmente si las declaraciones de Aldama apuntan directamente hacia el exministro.
El caso ha generado un gran interés mediático y político, no solo por la relevancia de los implicados, sino también porque podría marcar un antes y un después en la forma en que se regulan las relaciones entre los ministerios y las empresas contratistas.
En los próximos días, el Supremo continuará analizando las pruebas presentadas, incluyendo las comunicaciones entre los implicados y documentos clave que podrían determinar el desenlace de este caso de alto perfil. Mientras tanto, las estrategias divergentes de Ábalos y Aldama añaden un nuevo nivel de complejidad a un proceso que podría extenderse durante meses.
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