Aliança Catalana ha comenzado una acción política en Barcelona enfocada en las elecciones municipales de 2027 y las autonómicas de 2028. La formación, encabezada por la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, lanzó la campaña “Salvemos el catalán”, que contempla la presentación de 700 denuncias contra locales de la capital catalana por no respetar la normativa lingüística.
Esta iniciativa se fundamenta en la Ley de Política Lingüística de 1998, que exige que la señalización fija y los documentos de oferta de servicios estén redactados, al menos, en catalán. Según el partido, las denuncias fueron recopiladas desde septiembre con ayuda de voluntarios y entregadas a la Agencia Catalana del Consumo. Transcurridos tres meses, no han recibido respuesta de la Generalitat.
Desde Aliança Catalana critican al Govern, liderado por Salvador Illa, por mantener un “silencio administrativo” que interpretan como una falta de compromiso institucional para proteger los derechos lingüísticos y asegurar la presencia del catalán en espacios públicos. La formación indica que dará seguimiento a los expedientes hasta obtener una resolución oficial, proceso que suele durar entre tres y seis meses.
La campaña coincide con la reciente apertura de la sede del partido en la zona izquierda del Eixample en Barcelona. Desde esta nueva ubicación, Aliança busca reforzar su mensaje catalanista en una ciudad que Orriols describe como un “territorio complicado” para su proyecto político, aunque mantiene la expectativa de que los habitantes de Barcelona apoyen su propuesta.
Además, esta ofensiva se enmarca en un contexto de aumento notable de denuncias por discriminación lingüística. Plataforma per la Llengua ha reportado que, por primera vez, recibió más de 3.000 reclamaciones en un solo año, con un promedio superior a ocho denuncias diarias, un incremento superior al 650% en los últimos diez años. El sector de la hostelería concentra una de cada cuatro quejas y en el sector público, la sanidad representa cerca del 40%.
Aunque la prioridad actual es la lengua, Aliança Catalana continúa abordando otros temas de su agenda. En el último pleno municipal del año en Ripoll, Orriols destacó su política restrictiva en materia migratoria, señalando el escaso incremento del padrón de ciudadanos marroquíes durante su gestión y atribuyendo el aumento de población sudamericana a las políticas migratorias del Gobierno central.
Combinando reivindicaciones lingüísticas, un discurso identitario y críticas a la inmigración y a las políticas de izquierda, Aliança Catalana busca ampliar su electorado en Barcelona y consolidar el crecimiento que anticipan las encuestas, más allá de sus actuales dos escaños en el Parlament.
