El Debate ha revelado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha invertido más de 2,2 millones de euros para preservar los privilegios y el estatus del expresidente Zapatero —incluyendo la renovación de su pasaporte diplomático— mientras desempeña labores como lobista. Esta situación suscita interrogantes sobre la ética, la transparencia y la correcta administración de fondos públicos.
De acuerdo con la fuente, desde 2018 hasta hoy, el costo total asociado a la estructura que incluye seguridad, oficina, asesores, escoltas y recursos para Zapatero ronda los 2,2 millones de euros, sin contar los gastos vinculados a la renovación del pasaporte diplomático en junio de 2025.
La preocupación no reside solo en la cantidad, sino en la naturaleza de los servicios. Zapatero no cumple una función institucional formal, sino que actúa como lobista y mediador internacional, participando en operaciones controvertidas, como la gestión para el rescate de una aerolínea investigada, según la misma noticia.
Así, un gasto que debería ser puntual y reservado para quienes ocupan cargos oficiales o representan al país, se convierte en un desembolso habitual, justificado por su condición de «expresidente», pero orientado a fines privados o políticamente delicados. Esta ambigüedad pone en duda la legitimidad de esta financiación pública.
Privilegios financiados por los contribuyentes sin supervisión evidente
Se indica que Zapatero sigue contando con escoltas, personal administrativo, equipamiento y beneficios diplomáticos relacionados con su pasaporte oficial, lo que implica un coste sostenido más allá de cualquier actividad pública concreta.
Lo más relevante no es únicamente el gasto económico, sino la falta de claridad sobre qué funciones oficiales realiza el expresidente, qué resultados ha conseguido o por qué sus actividades profesionales, controversiales por sí mismas, deben ser financiadas con fondos del Estado. La línea entre el respeto histórico y un privilegio funcional se vuelve difusa.
Conflicto entre lo institucional y lo privado: un claro choque de intereses
El hecho de que el Estado asuma gastos para alguien que ejerce como lobista —interesado en negocios privados, inversiones, rescates empresariales y relaciones internacionales con países controversiales— representa un evidente conflicto de intereses. Especialmente si este “representante no oficial” opera en ámbitos en los que el Gobierno tiene poder decisorio: diplomacia, regulación de apoyos, concesión de rescates y apertura a capital extranjero.
Este tipo de dependencia financiada con recursos públicos contraviene principios de transparencia, imparcialidad y equidad, y genera la impresión de que vínculos personales y cargos institucionales permiten mantener privilegios permanentes sufragados por la ciudadanía.
Un gasto que recae sobre todos los ciudadanos
Más allá del debate político, la cuestión fundamental es el uso responsable del dinero público. Cada euro invertido en proporcionar beneficios a un expresidente es un euro que podría destinarse a servicios esenciales como sanidad, educación, seguridad o infraestructuras.
Cuando se implementan recortes en áreas básicas, pero se mantiene una «oficina del expresidente» con elevados costos, se pone en cuestión la justicia distributiva del Estado.
Conclusión: se requieren explicaciones y responsabilidad
No se debe cuestionar que un expresidente reciba un trato adecuado tras su mandato. Sin embargo, este tratamiento debe ser proporcional, transparente y orientado a funciones claramente públicas. Lo difundido genera dudas sobre si estos criterios se han respetado.
El elevado costo, las tareas desarrolladas y la ausencia de supervisión visible obligan a demandar respuestas claras: ¿en qué se emplean estos recursos? ¿Qué funciones oficiales cumple Zapatero? ¿Cuál es la duración prevista de este financiamiento público?
La democracia se fundamenta en la confianza, la rendición de cuentas y la transparencia, por lo que estas cuestiones deben ser respondidas sin demora.
