Este lunes 12 de enero de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un conjunto de medidas «urgentes y decisivas» para intervenir en el mercado inmobiliario. El anuncio se realizó durante el inicio de las obras de la Operación Campamento en Madrid, donde se anticipó la aprobación de un Real Decreto-ley que busca contener el aumento de los precios y frenar el uso indebido de contratos de corta duración.
Principales medidas del nuevo decreto sobre vivienda
La iniciativa gubernamental se basa en tres ejes principales para combatir la problemática habitacional:
• Exención total en el IRPF para arrendadores: Para fomentar la estabilidad en los precios, los propietarios que mantengan los contratos sin incrementar la renta no tributarán por esos ingresos en su declaración de la renta. Esta propuesta representa la alternativa del sector socialista ante la exigencia de algunos socios de congelar las rentas.
• Regulación estricta del alquiler temporal: Se establecerán normas rigurosas para impedir que esta modalidad, pensada para estudiantes o traslados breves, se utilice para evadir la Ley de Vivienda. Se implementarán nuevas sanciones y será necesario inscribirse en un registro estatal.
• Limitación en el alquiler por habitaciones: Se prohibirá que la suma del precio de cada habitación supere el importe del alquiler del inmueble completo. Además, en las zonas con mayor presión inmobiliaria, estos precios estarán sujetos al índice de referencia establecido en la Ley de Vivienda.
Desafíos en el trámite parlamentario
A pesar de la fuerza del anuncio, Sánchez afronta un panorama legislativo complicado:
1. Críticas desde la izquierda: Los partidos Sumar y Podemos han anunciado que no apoyarán el decreto, argumentando que es un error ofrecer beneficios fiscales a los propietarios en lugar de imponer legalmente la congelación de rentas.
2. Conflicto con comunidades autónomas del PP: El presidente ha señalado la «insubordinación» de gobiernos regionales del Partido Popular que rechazan aplicar límites en los precios, afirmando que el Estado está obligado a actuar ante la emergencia habitacional.
3. Enfrentamiento contra la especulación: La intervención se justifica para combatir lo que Sánchez describe como «excesos y codicia irresponsable» de quienes utilizan la vivienda para obtener ganancias en detrimento de las familias.
Operación Campamento: más de 10.000 viviendas públicas
El anuncio tuvo lugar en el contexto simbólico del inicio de la demolición de los antiguos cuarteles en Madrid para la Operación Campamento, proyecto que contempla la construcción de más de 10.000 viviendas. El Gobierno asegura que la totalidad de estas viviendas serán públicas y asequibles.
