Durante la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamado a considerar los riesgos asociados a una tecnología que, según indicó, «está entregando a la humanidad un poder sin precedentes». Propuso un liderazgo global coordinado por la ONU para prevenir que la inteligencia artificial se utilice como un instrumento que debilite la democracia o concentre el control en una élite económica alejada del interés colectivo.
Acompañado por líderes como Emmanuel Macron y Lula da Silva, Sánchez sostuvo que el progreso tecnológico solo es auténtico si se basa en valores humanos. Señaló que las medidas actuales no son suficientes ante amenazas como la pérdida del control humano en la toma de decisiones y el empleo de la IA por parte de «actores malintencionados». Entre los retos más urgentes destacó el impacto en el empleo, estimando que la IA podría influir en hasta un 50% de los puestos administrativos básicos en los próximos años, lo cual demanda una significativa inversión en capacitación y protección laboral.
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La intervención de Sánchez se contextualizó también en la reciente tensión con Elon Musk, propietario de la red social X. El presidente defendió la necesidad de establecer normativas claras en el ámbito digital. Criticó los algoritmos que promueven el odio, la violencia o la pornografía infantil, y calificó de «zafias y amenazantes» las respuestas recientes de Musk en redes sociales. Aseguró: «Apostamos por una IA orientada al bien y lucharemos contra su uso nocivo», vinculando la soberanía tecnológica con la protección de menores y la calidad democrática.
Como un paso hacia la gobernanza global, Sánchez destacó el papel de España, que se ubica actualmente en el sexto lugar mundial en competitividad en IA. Celebró la creación del Panel de Expertos de la ONU y anunció que España espera ser sede de la primera reunión de este órgano en los próximos meses. Este paso busca fortalecer el liderazgo español en la regulación de derechos digitales, después de que la OCDE reconociera a la administración pública española como un referente en el uso ético y transparente de la tecnología, orientado a reducir la burocracia y mejorar los servicios a la ciudadanía.
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