La comunidad que habita en Patraix, un barrio emblemático de Valencia, afronta desde hace más de un año un prolongado conflicto legal y social para recuperar la propiedad de los locales comerciales del edificio, que fueron vendidos sin la aprobación de los vecinos y convertidos en 24 apartamentos de uso turístico.
Un grupo de 147 familias se ha unido para detener una situación que consideran perjudicial para su calidad de vida. Los habitantes señalan que la actividad turística ha generado un tránsito continuo de visitantes —estimado en alrededor de 10.000 personas anuales—, causando alteraciones en la convivencia y la tranquilidad del conjunto residencial.
“Aquí no hay un hotel, es nuestro hogar”, comentan algunos residentes afectados, quienes también han presentado reclamaciones para esclarecer el proceso de la venta de los locales, que originalmente pertenecían a la comunidad de propietarios.
Además de la incidencia en la seguridad y el descanso, temen un desgaste progresivo del edificio y una posible disminución del valor de sus viviendas. Algunos vecinos relatan que descubrieron la transformación al observar turistas desplazándose con maletas por los corredores.
Este conflicto pone de manifiesto una problemática creciente en varias ciudades españolas: la expansión del turismo en áreas residenciales y la carencia de mecanismos legales para impedir usos que no son deseados en espacios comunes.
Los propietarios de estos apartamentos turísticos aseguran contar con las autorizaciones pertinentes, pero los vecinos insisten en que la venta se realizó sin la debida transparencia, y que existen fundamentos legales para anularla.
El caso continúa en proceso y podría establecer un precedente en la regulación de las viviendas turísticas en comunidades de vecinos.
