El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la resolución judicial que condena al Ayuntamiento de Vic por establecer un nivel de catalán que se considera excesivo en un proceso de selección pública. El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona ha anulado las bases del concurso y ha impuesto que el requisito lingüístico para el puesto de operario de cementerio y mantenimiento pase de nivel B2 a A2.
Puigdemont, a través de un comunicado en sus redes, ha manifestado que este tipo de sentencias representan un retroceso hacia un modelo monolingüe que recordó al régimen franquista. El líder de Junts ha señalado que el catalán es aceptado pero no igualado al castellano, y ha advertido que los tribunales suelen fallar en contra cuando surgen conflictos relacionados con la lengua catalana.
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En un sentido similar, Jordi Turull, secretario general del partido, ha acusado a la justicia de emprender una campaña contra el catalán. Ha defendido que exigir el conocimiento de la lengua propia para acceder a un empleo no es una forma de exclusión, sino una garantía de derechos.
Por otro lado, el alcalde de Vic, Albert Castells, ha comunicado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión judicial en todas las instancias posibles y ha reafirmado que no se dejarán amedrentar. Castells ha recalcado que el idioma es esencial para la convivencia y cohesión social, y que el consistorio debe proteger su continuidad.
La resolución del juez argumenta que requerir un nivel B2 de catalán para un trabajo esencialmente manual constituye una barrera discriminatoria por motivos lingüísticos. Además, el magistrado destaca que las tareas del puesto no implican una comunicación compleja, por lo cual la admisión del nivel A2 resulta más apropiada para ese empleo.
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