El Ejecutivo de coalición español afronta una nueva discrepancia interna en materia de vivienda. PSOE y Sumar protagonizan un debate jurídico y político sobre las medidas para limitar las subidas del alquiler, que impacta a 1,6 millones de personas con contratos que se renovarán este año.
El presidente Pedro Sánchez propone incentivos fiscales para los arrendadores que mantengan los precios sin incrementar, mientras que Sumar demanda una acción directa vía decreto para congelar las rentas, similar a la restricción aplicada durante la pandemia. La Moncloa argumenta que una congelación retroactiva de contratos podría ser inconstitucional y que el Tribunal Constitucional podría rechazar dicha medida.
Sumar, bajo la dirección de Yolanda Díaz, descarta los incentivos fiscales. Los califica de “injustos e ineficaces” y sostiene que los arrendadores han sido los principales beneficiarios de la crisis del mercado de vivienda. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz del grupo, indicó que “la renta media de los propietarios es casi el doble que la de los inquilinos” y que destinar fondos públicos a propietarios incrementaría la desigualdad.
Sánchez confía en lograr un acuerdo dentro del Gobierno antes de que el decreto se presente en el Consejo de Ministros, resaltando que la iniciativa busca evitar incrementos “excesivos” en los alquileres sin generar conflictos entre arrendadores y arrendatarios. No obstante, la disputa evidencia tensiones históricas en la coalición y las dificultades para consensuar con grupos externos como Junts, cuyo enfoque sobre vivienda se aproxima más al PP y Vox que a la mayoría progresista.
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