El juez determina un riesgo de fuga elevado y ordena el traslado a Soto del Real de ambos implicados en el denominado ‘caso Koldo’
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, tras valorar un riesgo de fuga que no puede ser mitigado con las medidas cautelares vigentes. Los investigados fueron trasladados a la cárcel de Soto del Real tras conocer la resolución.
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Ambos se presentaron ante el Tribunal Supremo para una vistilla en la que se revisaron las medidas cautelares establecidas hasta entonces. Durante la audiencia, Ábalos negó cualquier intención de evadir la justicia, señalando que no posee bienes patrimoniales y que mantiene vínculos familiares y políticos sólidos. Su defensa expuso que la prisión interferiría con su condición de diputado, argumento que no fue considerado por el juez.
En una situación análoga, Koldo García también manifestó en su vistilla que no pretendía eludir el proceso judicial, alegando arraigo familiar. No obstante, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular solicitaron prisión sin fianza, petición que fue aceptada por el magistrado.
En el auto se señalan “indicios racionales de criminalidad” en relación con delitos como organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Además, se destaca que con la instrucción concluida y las acusaciones demandando penas elevadas —24 años para Ábalos y 19 para García—, el riesgo de fuga se incrementa ante la proximidad del juicio.
El juez ha ordenado informar a la presidenta del Congreso sobre esta resolución, dado que Ábalos es diputado, para que la Cámara esté al tanto de su situación procesal.
Esta decisión se produce tras la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía, que detalla cómo Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama supuestamente se habrían concertado para obtener beneficios mediante adjudicaciones públicas y comisiones relacionadas con contratos de suministro sanitario durante la pandemia y otros contratos de obras públicas.
