La condena reciente contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suscitado opiniones diversas entre los principales partidos de derecha. El Tribunal Supremo le impuso una inhabilitación especial para el cargo de dos años, una multa de 7.200 euros y la obligación de compensar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. La sentencia, que consta de 233 páginas, fue emitida el 20 de noviembre y este martes se difundió la argumentación completa junto con el voto particular de dos magistradas discrepantes.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, comentó que aún no ha podido revisar toda la resolución, pero defendió que el Supremo, como máxima instancia judicial, ha elaborado una sentencia detallada que explica claramente las bases jurídicas del fallo. Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, afirmó en redes sociales que “es ilegal que el fiscal general publique comunicados con información confidencial y protegida de terceros. Aquí está la sentencia para quienes pedían un motivo para cuestionar a los jueces.”
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En representación de Vox, Pepa Millán acusó al PSOE de corrupción en todos los ámbitos y manifestó que está contaminando al sistema judicial con la reciente sanción al fiscal general del Estado.
Por otro lado, Sumar, socio del PSOE en la coalición gubernamental, consideró la sentencia como una resolución solicitada y defendió que la Fiscalía General del Estado ha actuado únicamente para resguardar la institución frente a desinformaciones impulsadas por intereses políticos y económicos. Desde el partido señalaron en redes sociales que “ahora más que nunca es necesario proteger la democracia.”
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