El juez Juan Carlos Peinado no prorrogó la fase de instrucción ni llamó a declarar a los acusados, situación que anula gran parte del proceso y deja sin juicio a los responsables de la llamada ‘criptosecta’
Madrid – La investigación judicial contra IM Academy, empresa señalada por operar como una secta dedicada a criptomonedas, se ha visto prácticamente anulada debido a errores procesales por parte del juez de instrucción Juan Carlos Peinado. El magistrado no solicitó la extensión de los plazos legales ni citó a los principales sospechosos, lo que ha llevado al archivo del caso, según el auto emitido por el propio juez.
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Creada en España en 2017, IM Academy logró atraer a miles de jóvenes mediante cursos supuestamente formativos sobre inversiones en criptomonedas. En 2021, catorce familias reportaron a la asociación RedUne —especializada en sectas— que sus hijos habían quedado inmersos en la organización, distanciándose de su entorno familiar y social, y dedicándose a reclutar a nuevas personas para la academia.
El asunto fue asignado al Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, bajo la responsabilidad del juez Peinado, que inició las investigaciones en 2021. No obstante, el periodo legal de instrucción terminó en marzo de 2022 sin que se pidiera prórroga alguna. Por ello, todas las actuaciones posteriores carecen de validez jurídica. Además, los ocho principales investigados nunca fueron convocados a declarar ni informados formalmente sobre su situación procesal, lo que afecta su derecho a la defensa y pone en duda la legalidad del proceso.
En marzo de 2025, el caso parecía avanzar cuando el juez emitió un auto en el que identificaba posibles indicios de delito. En él señalaba que los jóvenes captados sufrían “presiones sociales” para captar nuevos miembros, recibían “recomendaciones diarias” sobre productos financieros sin una adecuada información sobre los riesgos, y eran objeto de una formación de “baja calidad”. Según la Policía Nacional, todo indicaba la existencia de un esquema piramidal encubierto.
Los cursos tenían un coste inicial de 250 euros por inscripción, 150 euros mensuales, y hasta 500 euros adicionales por asistir a eventos presenciales. A quienes lograban reclutar nuevos integrantes se les aplicaba una reducción en las cuotas. Las familias denunciaron casos de aislamiento, abandono escolar, conflictos familiares y jóvenes en condiciones precarias.
A pesar de estas evidencias iniciales, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa debido a fallos procesales y a la insuficiencia de pruebas conforme a la ley vigente. El juez Peinado aceptó los argumentos del Ministerio Público, reconociendo que sus propias omisiones —la falta de prórroga en la instrucción y de formalización de la situación de los acusados— impiden continuar con el procedimiento.
La acusación particular, representada por el abogado Carlos Bardavío en nombre de RedUne, ha presentado un recurso contra el archivo. Explica que su incorporación en la causa fue retrasada durante ocho meses, lo que impidió solicitar a tiempo la prórroga de la instrucción. También denuncia que, debido a este retraso, no se pudieron realizar más de veinte diligencias esenciales para fortalecer las acusaciones, como el análisis de monederos digitales, la investigación de fondos en el extranjero y la evaluación detallada de las cuentas bancarias de los presuntos líderes.
Bardavío defiende que no ha existido indefensión para los investigados, ya que sus abogados participaron activamente en el proceso, presentaron documentos y realizaron gestiones ante el juzgado. Solicita que se reconozca la validez de todas las pruebas y que el proceso prosiga.
La resolución sobre este recurso no tiene un plazo establecido y se espera que se decida tras el verano. Mientras tanto, las familias afectadas afrontan la incertidumbre ante lo que podría ser la conclusión de un caso que consideraban crucial para obtener justicia y visibilizar los riesgos de las sectas financieras.
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