La propuesta para disminuir el límite legal de alcoholemia en España, desde 0,5 g/l hasta 0,2 g/l en sangre, continúa paralizada en el Congreso debido a la falta de consenso entre los partidos políticos.
A pesar de que esta medida cuenta con un amplio apoyo general y fue promovida por el PSOE junto con el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad vial, su avance legal permanece detenido en la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara baja. Según fuentes parlamentarias, el retraso se debe a la presión ejercida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que exige la transferencia de competencias sobre los exámenes de conducir a la Generalitat a cambio de su respaldo.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, ha pedido en múltiples ocasiones que la reforma se apruebe sin más retrasos, destacando su carácter «aplazable». Sin embargo, los diálogos entre los socialistas y las otras formaciones políticas no han progresado lo suficiente para resolver el bloqueo.
ERC argumenta que asumir la gestión de los exámenes de conducir permitiría reducir las listas de espera y optimizar la organización de estas pruebas, condiciones que consideran fundamentales antes de apoyar definitivamente la disminución del límite de alcoholemia.
Además, la reforma legislativa incluye la unificación del límite máximo de alcohol en sangre para todos los conductores, y la prohibición de publicar información sobre los controles de alcohol y drogas, con el fin de mejorar la seguridad vial, aspectos que aún están pendientes de aprobación.
