La Comunidad de Madrid ha optado por retirarse del Consorcio de la Casa Árabe tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas que analiza la gestión desarrollada entre 2022 y 2024, periodo durante el cual Irene Lozano estuvo al frente de la institución. Esta decisión se formalizó mediante una carta fechada el 7 de enero de 2026 y dirigida a Miguel Moro Aguilar, director general del organismo.
El documento, firmado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, traslada la resolución “en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”. La carta vincula la retirada con las irregularidades detectadas por el Tribunal y la delicada situación financiera del consorcio.
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De acuerdo con el informe, más del 60% de los contratos públicos revisados durante la gestión de Lozano incumplieron la Ley de Contratos del Sector Público. Entre los errores identificados destacan la ausencia de informes del órgano contractual, la falta de justificación para no solicitar múltiples ofertas y el fraccionamiento indebido de contratos destinados a cubrir necesidades continuas, práctica prohibida por la normativa.
El Tribunal también advirtió sobre una situación económica “crítica”, caracterizada por pérdidas constantes y un uso sostenido del remanente de tesorería que pone en riesgo la viabilidad del organismo. Los gastos ordinarios superaron sistemáticamente a los ingresos, generando un déficit que rebasó el millón de euros y obligando a financiar la operación corriente con ahorros acumulados. Los presupuestos de 2023 y 2024 fueron aprobados con un déficit previsto.
En la misiva, el Ejecutivo regional expresa su “preocupación” por las prácticas administrativas que considera contrarias a los principios de transparencia, legalidad y buena gestión. La Comunidad de Madrid recalca que el informe del Tribunal de Cuentas confirma las dudas previas sobre la administración del consorcio, justificando así su retirada para evitar una “exposición injustificada a riesgos financieros y legales”.
Fuentes del Gobierno regional describen la decisión como “jurídicamente fundamentada y políticamente responsable”, señalando deficiencias estructurales, un aumento desmedido del gasto en personal, falta de control interno y ausencia de supervisión eficaz por parte de los órganos competentes del Estado, especialmente la Intervención General de la Administración del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En este contexto, la Comunidad de Madrid atribuye responsabilidad política al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, debido al incumplimiento en las funciones de control y supervisión del consorcio. El Tribunal constató que no se evaluó de manera efectiva si la actividad de la Casa Árabe cumplía sus objetivos ni existía una planificación operativa adecuada.
A pesar de abandonar el consorcio, el Ejecutivo regional asegura que mantendrá su compromiso con la cooperación cultural, ofreciendo una transición ordenada y brindando apoyo técnico durante este proceso. Además, exige al Gobierno central que implemente de inmediato las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para corregir las irregularidades, fortalecer los mecanismos de control interno, asegurar la sostenibilidad financiera y restaurar la credibilidad de la institución.
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