Las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han convocado tres días de huelga en protesta por las reformas impulsadas por el Gobierno. A pesar del paro, sus salarios no se verán afectados debido a que el Ministerio de Justicia carece de la potestad para aplicar retenciones.
La judicatura española enfrentará su sexta huelga desde la restauración democrática con la convocatoria de tres jornadas de paro por parte de asociaciones conservadoras de jueces y fiscales. Esta acción se debe al rechazo de dichas entidades a las modificaciones legales propuestas, que consideran una amenaza para la independencia del poder judicial.
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A diferencia de otros sectores, los jueces no sufrirán disminuciones en sus remuneraciones por participar en esta protesta. El antecedente data de 2018, cuando el Ministerio de Justicia intentó descontar aproximadamente 200 euros a cada huelguista. Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que la cartera no tenía la competencia para efectuar dichos descuentos y ordenó la devolución del dinero retenido.
Desde entonces, las huelgas convocadas por jueces no han tenido consecuencias económicas en sus sueldos. Esta circunstancia ha generado críticas en diferentes ámbitos al tratarse de una medida de protesta sin impacto monetario directo para los participantes.
Las fechas concretas del paro aún no han sido confirmadas, pero se estima que la huelga tendrá un efecto considerable en la actividad judicial en todo el territorio nacional durante su realización.
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