PNV, ERC y Bildu instan al Ejecutivo a desbloquear la reforma legislativa en el Congreso para evitar desclasificaciones parciales o motivadas por intereses políticos, justo en el aniversario del golpe de Estado.
El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha generado discrepancias con sus socios parlamentarios. Aunque el Ejecutivo fundamenta esta acción en el cumplimiento del plazo legal de 45 años, los aliados han recibido la medida con reservas, calificándola de insuficiente y denunciando un uso selectivo de la transparencia desde Moncloa.
El grupo que apoya al Gobierno coincide en pedir la pronta reactivación del proyecto de Ley de Información Clasificada, destinado a reemplazar la antiquísima norma de 1968 heredada de la dictadura, que permanece estancada en el Congreso desde hace siete meses.
PNV y ERC señalan excusas e intereses políticos
El PNV, impulsor de la reforma desde 2016, interpreta que el anuncio obedece más a motivos políticos ligados al calendario electoral que a un compromiso sincero con la transparencia institucional. Los nacionalistas vascos critican las constantes excusas del Gobierno para frenar la tramitación y exigen que el mismo empeño mostrado con la documentación del 23-F se extienda al resto de archivos históricos.
De modo semejante, ERC atribuye la maniobra a una estrategia para desviar la atención de los problemas de gestión del presidente Sánchez. Elisenda Alamany, secretaria general de ERC, afirmó tener pocas expectativas sobre la amplitud real de los documentos que se harán públicos. Por su parte, el BNG advirtió que vigilará que se publique la totalidad de los archivos, insinuando la posible implicación de altas instituciones en el golpe militar.
Presión de Sumar, Podemos y Bildu sobre otros casos históricos
Desde Sumar y Podemos, se critica el carácter parcial de la desclasificación. Antonio Maíllo (IU) y Enrique Santiago (PCE) han pedido al Gobierno que no apruebe normas que sólo busquen titulares y que el nuevo texto se apruebe antes de que finalice la legislatura para evitar filtraciones arbitrarias.
EH Bildu ha aprovechado el debate para solicitar que la apertura de expedientes también abarque otros episodios polémicos recientes, como los sucesos de Vitoria, los crímenes cometidos por los GAL durante el gobierno de Felipe González o el caso Zabalza. Junts per Catalunya, a través de Jordi Turull, condicionó el interés por la memoria del 23-F a la desclasificación completa de documentos relacionados con las conocidas «cloacas del Estado».
Gobierno valora fusionar proyectos para superar bloqueos
Ante el riesgo de que la desclasificación parcial se perciba como un gesto insuficiente, el PSOE explora opciones para avanzar en el Parlamento. Una de las alternativas barajadas en Ferraz es combinar su iniciativa legislativa con la histórica propuesta del PNV para asegurar el apoyo necesario en la Cámara Baja.
Mientras tanto, la oposición mantiene una postura crítica y rechaza la medida. Tanto el Partido Popular como Vox han coincidido en calificarla como una «cortina de humo». El PP considera que los ciudadanos ya conocen los aspectos esenciales del 23-F y demanda explicaciones sobre la gestión de los últimos ocho años de Sánchez. Santiago Abascal, líder de Vox, sugirió que el presidente debería priorizar la desclasificación de asuntos más actuales en lugar de recurrir a hechos históricos para evadir debates incómodos.
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