Las trabajadoras del hogar podrán solicitar a sus empleadores la evaluación de los riesgos presentes en su lugar de trabajo, que en este caso son los domicilios particulares, conforme a la nueva normativa de prevención de riesgos laborales.
Este colectivo, compuesto en su mayoría por mujeres, con jornadas extensas y salarios reducidos, avanza en el reconocimiento de sus derechos laborales. Los registros oficiales indican que existen 378.000 afiliadas a la Seguridad Social bajo este régimen especial.
Desde el pasado viernes, los empleadores deben realizar una evaluación de riesgos laborales en el domicilio donde presta sus servicios la empleada, y tienen la obligación de informar sobre los peligros detectados y las medidas de prevención implementadas.
Para facilitar este proceso se ha puesto a disposición la plataforma gratuita prevencion10.es, donde el empleador puede completar un cuestionario en línea y generar un archivo PDF con la evaluación correspondiente. Aunque este documento no se entrega a la administración, es necesario conservarlo y proporcionarlo a la trabajadora.
El procedimiento consiste en identificar el domicilio y al empleador, describir las tareas desempeñadas por la trabajadora, responder a preguntas tipo sí/no sobre condiciones del entorno, materiales y posturas, y finalmente obtener el PDF con la evaluación.
El incumplimiento de esta obligación puede ser considerado una infracción grave y conllevar sanciones de hasta 49.180 euros en los casos más graves. En infracciones sin agravantes, la multa máxima puede llegar a 2.450 euros.
Sin embargo, algunos aspectos aún están en desarrollo. El ministerio reconoce que no ha cumplido los plazos para lanzar una plataforma formativa para las empleadas del hogar, ni para publicar un protocolo contra el acoso o una guía técnica de prevención, inicialmente previstos para este año.
Sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras han valorado positivamente este nuevo derecho, aunque señalan los retrasos del ministerio. Además, preocupa que la Inspección de Trabajo adopte un enfoque excesivamente sancionador desde la entrada en vigor de la norma.
También se señala que esta nueva prerrogativa sólo alcanza a las empleadas del hogar con alta en la Seguridad Social. En España, existen diferencias entre las 378.000 afiliadas y las aproximadamente 539.000 trabajadoras estimadas, lo que indica que muchas podrían quedar fuera de esta protección.
Esta medida supone un avance importante en la equiparación de derechos, puesto que hasta ahora estas trabajadoras no tenían acceso a esta evaluación de riesgos, a diferencia de otros sectores. No obstante, la implementación efectiva resulta un desafío debido a que se trata de domicilios privados, con empleadores particulares y una situación estructural de vulnerabilidad laboral.
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