Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica a Santos Cerdán como el vínculo entre el Gobierno y Acciona en una supuesta manipulación de obras públicas. Según este documento, el exdirigente socialista habría solicitado la designación de cargos a José Luis Ábalos «a petición del PNV» para asegurar contratos millonarios, apenas seis días después de la moción de censura que situó a Pedro Sánchez en La Moncloa en junio de 2018.
El informe señala que el PNV solicitó puestos públicos estratégicos para respaldar la formación del nuevo Ejecutivo, incluyendo la propuesta de mantener a quienes facilitaron la primera adjudicación supuestamente irregular entre Acciona y Servinabar. Además, la investigación indica que esta coordinación se habría repetido después, al inicio del mandato de Óscar Puente como ministro de Transportes, cuando Cerdán habría intentado colocar personal vinculado a Acciona en el ministerio.
La relación entre Cerdán y Koldo García, vinculado a la supuesta trama de obras públicas, se remonta al proyecto Mina Murga de 2015 para la construcción de una mina de potasa en Navarra. La UCO especifica que esta obra fue el primer contrato conjunto entre Acciona y Servinabar, marcando el comienzo de la presunta red de cobro de comisiones que luego se extendió a Madrid.
Aunque el proyecto comenzó antes de que Ábalos fuera ministro, la aprobación administrativa favorable se obtuvo durante su gestión en Transportes, lo que, según los investigadores, destaca la influencia de Cerdán. Documentos internos del PSOE muestran comunicaciones directas de Cerdán a sus colaboradores, indicando la entrega de información a Koldo García con destino final, según el informe, a Ábalos.
Este caso ha llevado a la imputación de tres directivos relacionados con Acciona por su presunta implicación en estas adjudicaciones irregulares, y la investigación continúa abierta en los tribunales.
