La pesquisa sobre la supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento de Sevilla ha experimentado un giro tras el último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De acuerdo con las indagaciones, el exconcejal Manuel Pineda habría llevado a cabo un borrado masivo de documentos en su ordenador laboral instantes previos al registro en las oficinas municipales. Esta revelación, obtenida por fuentes próximas al caso, apunta a una posible destrucción de pruebas que complicaría notablemente la situación legal del investigado.
Los expertos informáticos de la Guardia Civil han identificado el uso de programas especializados en la eliminación definitiva de datos, con el fin de hacer inaccesible la información almacenada en el disco duro. El análisis de la actividad del equipo muestra que estas operaciones de borrado tuvieron lugar en un periodo crítico, coincidiendo con las horas anteriores al despliegue de la intervención policial que afectó a la capital andaluza. Para las autoridades, esta eliminación seleccionada y técnica responde claramente a la intención de ocultar correos electrónicos, expedientes y comunicaciones que relacionaban directamente a Pineda con las compañías bajo investigación.
A pesar de este intento por eliminar las evidencias, la UCO confía en que las pruebas residuales encontradas en el servidor del Ayuntamiento y en los dispositivos decomisados a otros implicados permitan reconstruir la red. Los agentes sospechan que Pineda pudo recibir un aviso previo o filtración sobre la inminencia del registro, lo que le habría facilitado actuar con rapidez para tratar de borrar su rastro digital. Estas nuevas circunstancias podrían motivar que la Fiscalía solicite medidas cautelares más estrictas, al considerar que hay un claro riesgo de obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas esenciales para esclarecer los hechos.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha reiterado su compromiso de colaborar plenamente con la justicia, proporcionando acceso a sus servidores centrales con el objetivo de recuperar la información eliminada del dispositivo de Pineda. Mientras tanto, y bajo secreto de sumario respecto a estas últimas diligencias tecnológicas, la defensa del exconcejal permanece en silencio ante esta evidencia técnica que pone en cuestión su estrategia y que sitúa la atención investigadora no solo en las presuntas comisiones ilegales, sino también en la posible cadena de filtraciones que pudo alertar a los investigados antes del operativo policial.
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