La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está examinando un contrato valorado en 2,8 millones de euros concedido por la SEPI (a través del PEPA) mediante el cual el grupo Hirurok, dirigido por la exmiembro socialista Leire Díez, podría haber recibido una comisión de 400.000 euros. Las sospechas apuntan a que la influencia del colectivo posibilitó manipular el proceso de licitación para demoler las baterías de coque en Avilés (Asturias), pese a las anomalías detectadas en la oferta ganadora.
La trama Hirurok y las comisiones millonarias
El conjunto denominado Hirurok (que significa «los tres juntos» en euskera), formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán), está siendo investigado por presuntamente emplear su «influencia» en cargos públicos de la SEPI para favorecer al menos cinco licitaciones y operaciones entre 2021 y 2023. Estas maniobras habrían canalizado alrededor de 750.000 euros en comisiones, que se habrían distribuido entre los integrantes del grupo.
Entre todos los casos que estudia el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el contrato para la demolición de las baterías de coque en Avilés es el que mayor retribución (400.000 euros) habría generado para Hirurok, a través de la constructora Erri Berri y Afesa Medio Ambiente, que conformaban una UTE.
El proceso de licitación cuestionado
El procedimiento de adjudicación, impulsado por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) de la SEPI, suscitó controversia desde el principio. En primera instancia, la UTE Erri Berri-Afesa presentó una propuesta por 6,55 millones de euros, pero fue superada por la unión vasco-asturiana Lezama-Los Álamos. Erri Berri apeló esta decisión y el Tribunal de Contrataciones falló a su favor, identificando irregularidades en la Mesa de Contratación.
Este fallo motivó la apertura de un nuevo proceso de licitación en agosto de 2021.
La oferta considerada anormalmente baja
En esta nueva convocatoria, la UTE Erri Berri-Afesa realizó una variación sustancial: disminuyó su propuesta económica a 2,85 millones de euros, un 56% menos que la oferta inicial.
- Identificación de baja temeraria: La Mesa de Contratación interpretó que la oferta era «anormalmente baja» y podría considerarse baja temeraria.
- Informe justificativo «confidencial»: Se solicitó que la constructora presentara un informe explicativo, clasificado como «confidencial».
- Adjudicación: Tras revisar dicha documentación, la Mesa de Contratación aceptó la justificación, lo que incrementó la puntuación de la UTE y le permitió obtener el contrato.
La UTE Lezama-Los Álamos interpuso un recurso contra esta resolución, pero sin éxito. Tras resultar adjudicataria, la alianza Erri Berri-Afesa habría otorgado al grupo Hirurok las mordidas de 400.000 euros.
La conexión con Hacienda
Los investigadores de la UCO centran su atención en Fernando Albert Aragón, quien presidió la Mesa de Contratación durante la licitación. Albert Aragón mantiene una relación cercana con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quienes coincidió durante su etapa en la Junta de Andalucía antes de su traslado a la SEPI.
