La operación, vinculada al denominado ‘caso mascarillas’, apunta directamente a los familiares de Javier Aureliano García debido a su presunta participación en adjudicaciones irregulares y la posible obtención de comisiones ilegales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su investigación en los hermanos del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al sospechar que habrían intervenido en una red dedicada a manipular contratos para la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia. Aunque la pesquisa también alcanza al propio presidente y a otros responsables de la Diputación, las diligencias destacan el rol principal que podrían haber tenido sus familiares en este presunto esquema.
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Los investigadores analizan si estos familiares actuaron como intermediarios entre las empresas suministradoras y la administración provincial, facilitando adjudicaciones rápidas bajo supuestos criterios de urgencia. Los primeros indicios sugieren que pudieron influir en la contratación de material sanitario, favoreciendo a determinadas compañías con la expectativa de beneficios económicos o comisiones.
Durante el operativo se realizaron registros en oficinas oficiales, viviendas particulares y sedes empresariales relacionadas con la familia García, donde se incautó documentación que podría evidenciar favores administrativos y contratos otorgados sin respetar los controles legales establecidos.
Asimismo, la UCO investiga si esta red aprovechó el contexto excepcional de la pandemia para incrementar precios, acelerar procesos de adjudicación o eludir procedimientos reglamentarios, hechos que ya se han detectado en otras investigaciones relacionadas con la compra de mascarillas en diversas administraciones del país.
El caso ha generado repercusión política en la provincia, al situar a la familia del principal responsable institucional en el centro de una causa que involucra posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo. A medida que avanza la investigación, la presión sobre la Diputación y su presidente se intensifica debido a la gravedad de las evidencias y al perfil público de los implicados.
