Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, añadido al expediente del denominado «caso del fuel», señala que la empresaria Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego, efectuaron entregas de dinero en efectivo a un «tercero» no identificado bajo las instrucciones de Víctor de Aldama, poco más de dos meses después de reconocer que habían llevado 90.000 euros al PSOE. La UCO apunta a José Luis Ábalos como el artífice principal de la operación para acelerar la obtención de la licencia de operadora a Villafuel, a cambio de la distribución de cerca de un millón de euros en efectivo.
La pesquisa sobre la red vinculada a los hidrocarburos (también llamada «causa del fuel») sigue desvelando un presunto entramado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionado con el entorno del PSOE. Fuentes próximas al caso consultadas por La Razón indican que la UCO ha aportado un documento crucial que refleja movimientos de dinero en efectivo durante etapas decisivas en la concesión de la licencia a Villafuel, empresa que supuestamente defraudó más de 220 millones de euros a la Hacienda pública.
El documento de la UCO se centra en Carmen Pano y Álvaro Gallego, quienes ya habían admitido haber realizado dos entregas de 45.000 euros cada una —sumando un total de 90.000 euros— en octubre de 2020 en la sede del PSOE en Ferraz. Las nuevas evidencias muestran que continuaron con su labor como intermediarios del dinero.
- Entregas a un tercero: Se han identificado comunicaciones significativas entre Carmen Pano y Víctor de Aldama que reflejan traslados de dinero en efectivo para efectuar nuevas entregas a un tercero aún sin identificar.
- Fechas relevantes: Estos intercambios tuvieron lugar entre diciembre de 2020 y enero de 2021, poco tiempo después de las entregas en Ferraz y coincidiendo con encuentros importantes en la Administración.
- Disponibilidad de efectivo: La Guardia Civil indica que Pano ya contaba con fondos líquidos, ya que se detectaron retiros de hasta 108.500 euros de empresas relacionadas con los investigados.
Las entregas de dinero se desarrollaron en momentos clave para la trama, cuyo objetivo era lograr la licencia de operadora de combustible para Villafuel. Estas transacciones tuvieron lugar mientras Koldo García medió para obtener reuniones en el Ministerio de Industria (en aquel entonces dirigido por Reyes Maroto).
- Mensaje relevante: Horas antes de una cita en Industria con Juan Ignacio Bidart (jefe de gabinete de la ministra) el 28 de diciembre de 2020, Pano comunicó a Aldama: «Perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambie porque era todo en 20».
- Retrasos y el chófer: Días antes de otro encuentro, el 13 de enero de 2021, Aldama consultó a la hija de Carmen Pano sobre la hora a la que acudiría a sus oficinas para mostrarle «una cosa» que no quería mantener mucho tiempo en el despacho. La hija respondió que el chófer, Álvaro Gallego —quien acompañó a Pano a Ferraz—, estaba en Asturias y no regresaría hasta el martes.
- Compromiso de Aldama: La UCO concluye que Víctor de Aldama se comprometió a entregar dinero en efectivo a un tercero, y que la demora en recibirlo de Pano requirió que se excusara. Además, la entrega estaba «condicionada a la vuelta de Álvaro Gallego de su viaje».
Los investigadores estiman que estos pagos estarían «relacionados con un abono previo necesario para activar la influencia» buscada en la Administración, y sostienen que el dinero tenía su origen en Claudio Rivas, propietario de Villafuel.
Avance en la investigación sobre Ábalos y el blanqueo de capitales
La Guardia Civil está centrando la investigación en José Luis Ábalos, a quien señala como el principal organizador de la operación para facilitar la licencia a Villafuel, lo que habría permitido el presunto fraude de 220 millones de euros.
Esta parte de la causa, que se refiere a las entregas en efectivo, fue remitida por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno ha solicitado al PSOE la entrega de toda la documentación relativa a los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 —en el periodo de gobierno de Pedro Sánchez— para que la Guardia Civil los analice. El foco de la investigación está en un posible delito de blanqueo de capitales, dado que las entregas advertidas por la UCO no coincidían con la información que el PSOE había proporcionado anteriormente al Tribunal Supremo.
