En un gesto que ha sido descrito como histórico por parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la presidenta de la organización, María del Carmen Rosino, ha entregado personalmente a Cristina Pérez, Delegada de Gobierno, varios ejemplares de la nueva redacción del Artículo 49 de la Constitución Española en cuatro formatos accesibles
Este acto tiene como objetivo poner en valor la importancia de la inclusión y accesibilidad en el marco normativo del país.
La entrega de estos ejemplares accesibles del Artículo 49 de la Constitución Española representa un hito significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en España.
María del Carmen Rosino destacó la importancia de este gesto como un paso adelante en el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de sus capacidades.
Por su parte, Cristina Pérez, Delegada de Gobierno, expresó su gratitud por este gesto y subrayó la relevancia de garantizar la accesibilidad en todos los aspectos de la vida pública, incluido el acceso a la información y la participación en la vida cotidiana. Pérez afirmó que este acto refleja el compromiso del Gobierno con la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
“Este gesto representa un hito en nuestro camino hacia una sociedad más inclusiva y justa”, declaró Pérez. “La accesibilidad es un derecho fundamental que debemos garantizar a todas las personas, y este acto es un recordatorio de la importancia de trabajar juntos para eliminar las barreras que aún enfrentan las personas con discapacidad en nuestra sociedad.”
“Es de las cosas que más satisfacción me da, que personas no tengan que cargar con un concepto que no quiero nombrar ya que son personas capaces de afrontar su día a día y son ejemplo de fortaleza y lucha constante”. “Son personas que nos dan una lección de vida”, expresó emocionada la delegada.
La entrega de estos ejemplares accesibles del Artículo 49 de la Constitución Española destaca el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como el compromiso del Gobierno en la construcción de una sociedad más inclusiva y accesible para todos.
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