Durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, la acusación particular reitera su petición de cuatro años de prisión para Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, mientras una acusación popular reduce la pena requerida.
La acusación particular, liderada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su solicitud de cuatro años de cárcel, junto con tres años de inhabilitación y suspensión de empleo, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de información confidencial.
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En este proceso judicial, García Ortiz enfrenta requerimientos de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación según las distintas acusaciones. En la sesión reciente, la defensa presentó varias pruebas documentales para respaldar que no existió filtración del correo electrónico señalado por la acusación.
Las acusaciones populares —Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y un colectivo vinculado a Vox— han mantenido sus requerimientos, aunque Manos Limpias redujo su solicitud de prisión de cuatro a tres años, aplicando la atenuante relacionada con la vulneración del secreto sumarial.
Durante la vista, la defensa aportó certificaciones que acreditan que el correo objeto del proceso permanecía en una cuenta genérica de la Fiscalía, accesible a varios funcionarios, junto con un acta de soportes digitales. Estas evidencias intentan cuestionar la acusación de filtración imputada al fiscal.
Este tramo del juicio ocurre en un contexto de tensión institucional, donde la solicitud de la acusación particular, encabezada por la pareja de Díaz Ayuso, y la posición del fiscal general hacen que el caso tenga un relevante impacto político y mediático.
