Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido la opción de compra del ático de alta gama donde ha vivido con ella durante los últimos dos años. La propiedad, ubicada en la última planta de un edificio en Chamberí, una de las zonas más exclusivas de Madrid, tiene un valor estimado de 1.127.000 euros, que corresponde al precio pactado tras varios meses de arrendamiento.
Durante ese periodo, González Amador abonó 5.000 euros mensuales por el uso del ático, alcanzando un total de 120.000 euros en concepto de alquiler. Esta cantidad fue deducida del precio final de compra conforme al acuerdo establecido con la empresa Babia Capital S.L., dueña del inmueble.
El contrato de alquiler con opción a compra data de 2022 y fue firmado en un contexto complejo para González Amador, quien estaba siendo investigado por un posible fraude fiscal. La posibilidad de compra se activó luego de que adquiriese un piso en la sexta planta del mismo edificio, valorado en más de un millón de euros y con una hipoteca acordada por 500.000 euros, según distintos informes.
A pesar de las dificultades económicas derivadas de su situación judicial, González Amador solicitó en 2023 una prórroga del contrato con opción a compra, la cual fue aprobada por Babia Capital. Esto permitió que la pareja continuara residiendo en el ático hasta formalizar la adquisición.
Con la compra del ático y el piso en la sexta planta, la pareja dispone ahora de un espacio total de 360 metros cuadrados en uno de los barrios más valorados de Madrid. No obstante, esta operación ha generado debates, principalmente por las investigaciones en curso relacionadas con González Amador por fraude fiscal, vinculadas con la empresa Quirón, que obtiene una parte considerable de su financiación pública a través de la Comunidad de Madrid, presidida por Ayuso.
El alquiler y posterior compra del ático han sido criticados debido a que el empresario habría contado con condiciones favorables mientras enfrentaba investigaciones judiciales. Las relaciones entre ambas propiedades y las implicaciones económicas de la transacción han intensificado el debate sobre la conexión entre política, negocios y el uso de recursos públicos.
Actualmente, González Amador se encuentra procesado por fraude fiscal, con la Fiscalía solicitando una pena de 3 años y 9 meses de prisión. Por su parte, la acusación popular, representada por partidos como el PSOE y Más Madrid, eleva la petición a 5 años de cárcel.
Este asunto continúa siendo un tema sensible en la política madrileña, ya que refleja las crecientes preocupaciones sobre la interacción entre intereses privados y el manejo de fondos públicos, especialmente cuando involucra a personas próximas a cargos de poder.
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