El organismo internacional considera que mantener ayudas sin límite a desempleados mayores de 52 años frena su retorno al trabajo y genera un gasto elevado para las finanzas públicas.
En su análisis económico sobre España, la OCDE señala que el subsidio por desempleo vigente para personas de 52 años o más —una prestación mensual de 480 euros (equivalente al 80 % del IPREM) junto con cotización a la Seguridad Social basada en el 125 % de la base mínima— podría estar inducendo a un uso prolongado y sin límite de dicha ayuda. Según la organización, aproximadamente el 70 % de los beneficiarios de estas prestaciones tiene 50 años o más, representando más de medio millón de percepciones dentro de un total de cerca de 800.000.
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La OCDE cuestiona que este sistema otorga ventajas a los desempleados mayores en comparación con otros grupos, que reciben prestaciones temporales (entre 3 y 30 meses) sin cotización a la Seguridad Social. Asimismo, critica que la evaluación de recursos para mayores de 52 años se realice a nivel individual en lugar de familiar, lo cual podría permitir que personas con ingresos adicionales accedan al subsidio.
Para corregir esta situación, la OCDE propone unificar las condiciones de acceso al subsidio para todas las edades: limitar la duración a plazos similares a los de otros colectivos, aplicar la comprobación de recursos tomando en cuenta el núcleo familiar y restringir las cotizaciones únicamente a ayudas contributivas. También sugiere reforzar la formación y el reciclaje profesional para facilitar la incorporación laboral de personas de mayor edad.
Advierten que, aunque la generosidad del subsidio ofrece protección frente a la pobreza en la vejez, podría disminuir el incentivo a la búsqueda de empleo, especialmente en trabajadores con bajos ingresos potenciales o escasas expectativas de recolocación. Con esta reforma, la OCDE espera reducir la presión sobre las finanzas públicas y el sistema de pensiones, además de aumentar la tasa de empleo entre los trabajadores mayores.
El debate queda abierto: limitar el subsidio constituiría un ajuste significativo en la política de protección social, pero también plantea la necesidad de alternativas, como programas de capacitación, ajustes en el mercado laboral y políticas activas de empleo para evitar que los desempleados de larga duración queden desprotegidos.
