Un informe oficial del Ministerio de Justicia señala que la inmigración irregular puede favorecer a redes criminales y elementos terroristas, en contradicción con la lenidad del nuevo procedimiento de regularización.
La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, tras su acuerdo con Podemos, ha puesto de manifiesto una discrepancia interna en el Ejecutivo. Las características de este proceso chocan directamente con las alertas recogidas en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, documento oficial firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, publicado en el BOE en julio de 2025.
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En dicho informe, el Ministerio de Justicia advierte claramente sobre la presión migratoria que afecta a España, indicando que «la inmigración irregular puede ser aprovechada por elementos terroristas». El texto destaca el riesgo que suponen las redes de tráfico de personas, calificándolas como un motor para otras actividades delictivas transnacionales que comprometen tanto la seguridad nacional como la de la Unión Europea en su conjunto.
Instrumentalización y posible desestabilización institucional
La estrategia examina un contexto geopolítico tensionado en el que terceros países o «actores no estatales» podrían usar los flujos migratorios con el fin de provocar inestabilidad en las instituciones españolas. Así, el Gobierno señalaba hace pocos meses la «gran importancia» de cooperar con los países de origen para identificar perfiles vinculados al terrorismo y respaldados por organizaciones mafiosas.
No obstante, el nuevo proyecto para regularizar a cerca de 500.000 personas incluye medidas que, según expertos, reducen los controles de seguridad establecidos en documentos estratégicos anteriores.
La ausencia de control exhaustivo sobre antecedentes penales: la «declaración responsable»
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta gubernamental es la gestión de los antecedentes penales de los solicitantes. El plan permitirá que los delitos cometidos fuera de España no sean considerados mediante un procedimiento administrativo orientado a la rapidez en lugar de a la verificación rigurosa.
Según la normativa propuesta:
- La Administración demandará a los países de origen la información sobre el historial delictivo del inmigrante.
- Si en el plazo de un mes no se recibe respuesta, el solicitante podrá acogerse a una excepción.
- Será suficiente con presentar una «declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales» para cumplir el requisito.
Esta disposición genera preocupación especialmente respecto a personas provenientes de Estados caracterizados por inestabilidad política o debilidad administrativa, como Sierra Leona, Níger, Mali o Somalia. En estos casos, donde la cooperación diplomática es lenta y existe elevado riesgo de falsificación documental, la firma del interesado será la única evidencia que el Estado requerirá para proceder a la regularización masiva.
Dicha facilidad administrativa contrasta con la «implicación multisectorial» que el propio ministro Bolaños enfatizó en julio para contener un fenómeno que el Gobierno, en sus informes de seguridad, continúa considerando una «amenaza seria» para el territorio nacional.
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