En un auto reciente, la magistrada a cargo del caso confirma que, ante emergencias causadas por lluvias intensas, la administración autonómica es responsable del control de los cauces, no la Confederación del Júcar.
La jueza que instruye el proceso sobre la gestión de la DANA que provocó severas inundaciones en la Comunidad Valenciana ha ratificado que la competencia para supervisar los barrancos en casos de emergencia, como la ocurrida el 29 de octubre de 2024, recae en la Generalitat Valenciana.
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En su resolución, la magistrada desestima varias diligencias pedidas por una de las partes acusadoras, concretamente la solicitud de información detallada a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) respecto al número, identidad y ubicación de los agentes que se desplegaron durante la crisis. Para la jueza, estas peticiones no están alineadas con el propósito principal del proceso, que es aclarar posibles negligencias que causaron pérdidas humanas, calificando dichas solicitudes como redundantes o fuera del enfoque adecuado.
Para fundamentar su decisión, la magistrada resalta la ausencia de la petición de actuación bajo un mando único durante la emergencia, lo cual señala como un fallo desde el inicio de la gestión de la crisis. Además, considera erróneo atribuir a la CHJ la vigilancia de los cauces, calificándolo como un malentendido ampliamente difundido que deriva en una acusación incorrecta de responsabilidades.
De acuerdo con su interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, la supervisión de los barrancos implica movilizar numerosos recursos, incluidos agentes medioambientales, bomberos, policías locales y Guardia Civil. Debido a la configuración geográfica y extensión de los cauces, solo una administración con conocimiento y presencia local puede desempeñar esta función eficazmente.
La jueza señala una falta grave al no haber empleado en su totalidad los recursos humanos disponibles para la vigilancia de los barrancos durante la emergencia y lamenta que no se haya mantenido un seguimiento continuo, incluso tras activarse el riesgo. Considera que los investigados, entre ellos autoridades autonómicas, estaban plenamente conscientes de la susceptibilidad de estas zonas a desbordamientos, por lo que debían haber desplegado los medios necesarios para su monitoreo.
El auto menciona además grabaciones y documentos que demuestran que técnicos advirtieron verbalmente en varias ocasiones sobre la necesidad de una vigilancia activa, alertas que, según la jueza, fueron ignoradas por quienes tenían la responsabilidad operativa durante la crisis.
Con esta resolución, la magistrada refuerza su posición de que la Generalitat Valenciana debe asumir la principal responsabilidad en el control ante fenómenos extremos como una DANA, al tiempo que cuestiona el papel que otras entidades, como la CHJ, tuvieron durante la emergencia.
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