El proceso judicial relacionado con la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024 avanza decisivamente en el ámbito jurídico-administrativo. La magistrada al cargo del caso ha requerido oficialmente a la Abogacía de la Generalitat que especifique si el Ejecutivo valenciano solicitó alguna consulta, oral o escrita, respecto a la gestión de la emergencia durante el suceso.
La investigación pretende esclarecer si existió un apoyo legal o asesoramiento jurídico previo a las decisiones tomadas —o a la falta de estas— en aquella jornada, en la que fallecieron 230 personas.
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Puntos esenciales de la nueva diligencia judicial
La jueza centra su atención en particular en Cayetano García, en ese momento secretario autonómico de Presidencia. Las principales peticiones son:
- Consultas desde Presidencia: Determinar si García solicitó a la Abogacía que emitiera alguna «valoración jurídica» sobre la emergencia mientras esta se desarrollaba.
- Derivación al 112 del País Vasco: Se ha pedido a la DAEM del Gobierno Vasco un informe junto con las grabaciones de las llamadas recibidas desde el 112 de la Comunitat Valenciana aquel día, con el fin de evaluar el nivel de saturación y la gestión de la asistencia.
- Rechazo a indagar las comunicaciones políticas: La magistrada descartó investigar las llamadas y mensajes de WhatsApp entre el Lehendakari y el entonces President Carlos Mazón, al considerar que tuvieron lugar fuera del periodo crítico para la toma de decisiones.
El borrado de las grabaciones del Palau
En relación con la solicitud de Compromís sobre la eliminación de las imágenes de seguridad del Palau de la Generalitat, la jueza optó por no citar a la jefa de Servicios. Justifica que obtener dichas grabaciones resulta ahora «irrelevante» debido a dos razones:
- Declaraciones suficientes: Se ha acordado tomar testimonio a escoltas, chóferes y al personal del Palau que pueden aportar datos sobre los movimientos y comentarios de Mazón tras su llegada.
- Cronología establecida: La magistrada considera coherente el tiempo transcurrido desde la comida con la periodista Maribel Vilaplana hasta la llegada al centro de mando, independientemente del contenido de las cámaras.
Análisis de la instrucción
Esta etapa en la investigación busca aclarar la responsabilidad de Salomé Pradas (que entonces era consellera de Justicia e Interior) y el rol de la cúpula de la Generalitat durante las horas en que debían tomarse decisiones para proteger a la ciudadanía.
