El Ministerio Público informa en contra de la competencia del tribunal para instruir la denuncia por 45 homicidios imprudentes. La asociación Libertad y Justicia también señala a Ábalos y Koldo García por supuestas negligencias en la seguridad de la vía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe desfavorable a la investigación de la denuncia presentada contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 45 personas. Según confirman fuentes jurídicas, el Ministerio Público sostiene que este tribunal no es competente para instruir los hechos denunciados por la asociación Libertad y Justicia.
El pronunciamiento de la Fiscalía se produce después de que el magistrado Antonio Piña abriera diligencias previas para analizar el contenido de la denuncia. En su resolución inicial, el juez apuntaba que los hechos presentaban indicios de una posible «infracción penal», solicitando al Ministerio Público su posición sobre la jurisdicción del caso y las posibles medidas a practicar.
Una denuncia contra la cúpula de Transportes y Adif
La acción penal, adelantada por The Objective, extiende la responsabilidad más allá del actual titular de Transportes. Entre los denunciados figuran su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García —ambos actualmente en prisión provisional por el denominado «caso Koldo»—. Asimismo, la denuncia señala al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, a altos cargos de los departamentos de Circulación y Mantenimiento, y a las empresas que integraron la UTE encargada de la renovación del tramo (Ferrovial, Agrupación Guinovart, Convensa y Azvi).
La asociación Libertad y Justicia imputa a los señalados, además de los 45 homicidios por imprudencia grave, un total de 152 delitos de lesiones, prevaricación administrativa, malversación, cohecho y omisión del deber de impedir delitos. Como medidas cautelares, el escrito solicitaba el embargo preventivo de bienes por valor de 150 millones de euros, la prohibición de salida del territorio nacional para los denunciados y su suspensión inmediata en los cargos públicos que ocupan.
Advertencias previas del sindicato de maquinistas
El núcleo de la acusación reside en una supuesta cadena de «negligencias administrativas». Según la asociación que preside el abogado Pedro Muñoz Lorite, el gestor de infraestructuras Adif ignoró las advertencias del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). El sindicato alertó en agosto de 2025 sobre deficiencias en la vía y llegó a proponer una reducción de la velocidad a 250 km/h en dicho tramo.
En este sentido, los denunciantes consideran a Puente el «máximo responsable político», mientras que a Ábalos le reprochan que el procedimiento de licitación del tramo accidentado se iniciara bajo su mandato en diciembre de 2011. Sobre Koldo García, la denuncia sostiene que su presunta implicación en tramas de corrupción pudo condicionar la calidad de los trabajos de renovación ferroviaria. Entre las diligencias interesadas figuraba la declaración de los maquinistas del Alvia y del Iryo que sobrevivieron al impacto, así como de los pasajeros del tren accidentado.
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