La Fiscalía ha iniciado un nuevo procedimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) mediante un recurso de amparo, en el marco de uno de los casos judiciales que ha generado mayor atención pública. La intención es anular la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que sancionó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito relacionado con la revelación de secretos.
Detalles de la sanción
La resolución emitida por el Tribunal Supremo, que contó con el voto favorable de cinco magistrados frente a dos en contra, impuso a García Ortiz las siguientes penas:
- Dos años de inhabilitación para desempeñar el cargo de Fiscal General.
- Una multa económica de 7.200 euros.
El tribunal concluyó que García Ortiz cometió un delito al divulgar información confidencial vinculada a una investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Postura del Ministerio Público
Siguiendo las directrices establecidas por la actual fiscal general, Teresa Peramato, la Fiscalía argumenta que la sentencia del Supremo no se ajusta a derecho. En el recurso presentado se sostiene que se han lesionado derechos fundamentales del ex fiscal general, destacando en particular:
- Presunción de inocencia: No se aportaron pruebas suficientes que acrediten la intención de divulgar secretos de manera ilícita.
- Derecho a un proceso con todas las garantías: Se señalan irregularidades procesales durante el trámite judicial en el Supremo.
«La sentencia vulnera derechos fundamentales básicos que deben ser protegidos por el máximo intérprete de la Constitución», señala el comunicado emitido por la Fiscalía.
Contexto del procedimiento
El conflicto se originó a partir de una nota de prensa difundida por la Fiscalía que detallaba aspectos sobre la negociación de González Amador con Hacienda. Mientras que el Tribunal Supremo interpretó esta publicación como una filtración indebida de datos confidenciales, la defensa de García Ortiz y la cúpula fiscal actual sostienen que fue un acto de transparencia informativa destinado a desmentir informaciones falsas que circulaban en los medios.
El siguiente paso corresponde al Tribunal Constitucional, que deberá resolver sobre la admisión del recurso y decidir si revoca una condena que ha tenido gran repercusión y debate en el ámbito judicial español.
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