La exconsejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, imputada en el caso de la DANA de 2019, ha denunciado ser una “cabeza de turco” en la investigación que trata de esclarecer los retrasos en la alerta a la población. Su defensa ha criticado que la instrucción del caso se haya centrado exclusivamente en la demora en el envío de avisos a los móviles, alegando que el papel de su clienta carece de “reproche penal”.
El exnúmero dos de Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, ha sugerido que la investigación también se extienda al jefe del 112, insinuando que la responsabilidad podría estar más repartida de lo que hasta ahora se ha considerado. Ángel ha manifestado que las decisiones operativas durante la DANA no dependían exclusivamente de Bravo, sino que se tomaban en un marco más amplio de gestión de emergencias.
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El caso sigue abierto y la instrucción judicial continuará para determinar si hubo negligencia o responsabilidades penales en la falta de una respuesta más rápida ante la catástrofe meteorológica que afectó a la Comunidad Valenciana.
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