Este martes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aprobado la extradición a Estados Unidos de Vitaly Vanshelboim, ex alto cargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Está señalado por la justicia estadounidense por recibir sobornos millonarios vinculados al desvío de aproximadamente 60 millones de dólares de subvenciones y préstamos destinados a proyectos internacionales.
La decisión confirma la resolución previa tomada el 21 de octubre por la Sección Segunda del mismo tribunal, a la cual Vanshelboim presentó un recurso. En su defensa, alegó que poseía inmunidad diplomática como funcionario de la ONU y argumentó que Estados Unidos no solicitó la autorización pertinente al secretario general de la organización, António Guterres, para iniciar el proceso judicial.
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La mayoría de los magistrados apoyó la resolución, aunque uno formuló un voto particular que proponía condicionar la entrega a una confirmación explícita de la ONU sobre la ausencia de inmunidad. A pesar de esta discrepancia, la decisión es firme y no susceptible de recurso, quedando pendiente únicamente la aprobación del Gobierno español para proceder con la extradición.
Originario de Ucrania, Vanshelboim trabajó casi treinta años en Naciones Unidas, llegando a desempeñarse como director ejecutivo de UNOPS, organismo responsable de la gestión de proyectos de infraestructuras y adquisiciones en diversos países. Fue arrestado en marzo en Alicante tras una orden internacional de detención y se encuentra en prisión preventiva debido al riesgo de fuga señalado por el tribunal.
Estados Unidos le imputa delitos de soborno, fraude electrónico y blanqueo de capitales supuestamente cometidos entre 2015 y 2023. Según la acusación, habría manipulado contratos y fondos de la ONU para favorecer a empresas relacionadas con un empresario británico a cambio de pagos ilegales.
Durante el juicio, Vanshelboim también sostuvo que era objeto de una alegada persecución política vinculada a intereses geoestratégicos entre Estados Unidos y Ucrania, argumento que la Audiencia Nacional descartó por falta de evidencias objetivas.
