Tres juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han comunicado a los abogados que representan causas abiertas en dichos tribunales la posibilidad de demoras en la gestión de sus procedimientos. Esta situación se debe a una elevada carga de trabajo junto con la carencia de personal, ya que existen varias vacantes sin cubrir en sus equipos.
Los juzgados centrales de instrucción números 1, 5 y 6, responsables de investigar delitos complejos como la corrupción, estafas, narcotráfico y terrorismo, alertaron con anterioridad sobre una «situación cercana al colapso» y una «sobrecarga laboral insostenible», tras una reunión realizada el 16 de enero, donde resaltaron la insuficiencia del personal disponible.
En una providencia emitida por el juzgado central 1, el magistrado Francisco de Jorge indica que la combinación de macroprocesos, sumarios complicados y diversas causas con detenidos hace inviable completar los procedimientos en plazos razonables, lo que generará retrasos en la contestación a escritos. Este juzgado cuenta con cuatro vacantes de funcionarios, mientras que el juzgado 6 tiene seis, según informa el magistrado Antonio Piña.
Ambos magistrados destacan que la eliminación de medidas de apoyo como la asignación de un juez auxiliar, medida aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, ha empeorado la situación tras la creación del Tribunal Central de Instancia y la aplicación de la nueva ley de Eficiencia en el Servicio Público de la Justicia. Piña señala que la distribución de procedimientos entre los funcionarios actuales resulta «impracticable» y que cualquier consulta sufrirá demoras.
A pesar de estas complicaciones, los jueces garantizan que se mantendrán las declaraciones ya programadas y se responderá a las peticiones, dando prioridad a las urgentes. El magistrado De Jorge aclara que se gestionarán preferentemente las causas con detenidos, asuntos de terrorismo y otras diligencias urgentes, mientras que el resto podría presentar aplazamientos.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional había solicitado previamente al CGPJ la creación de dos nuevos juzgados para aliviar la carga. Recientemente, el Consejo aprobó reforzar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con tres magistrados mediante comisiones de servicio. Esta situación coincide con la presión en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que últimamente propuso recurrir a la mediación en casos complejos, como el del “cartel de los camiones”, donde fabricantes pactaron precios en Europa entre 1997 y 2011.
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