El juez encargado del caso Montoro autorizó la vigilancia de las comunicaciones telefónicas de cuatro investigados durante 42 días como parte de las pesquisas por posibles actos de corrupción y otras irregularidades.
No obstante, en enero de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso que llevó a la suspensión de las escuchas. La Audiencia de Tarragona avaló esta petición y dispuso la paralización de las intervenciones telefónicas, argumentando que su necesidad no estaba suficientemente justificada en ese momento del proceso judicial.
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Esta resolución marcó un cambio en la investigación, que se centra en presuntos delitos relacionados con la administración pública del Ayuntamiento de Montoro. Aunque inicialmente se consideró que la medida era fundamental para recabar información relevante, finalmente los tribunales superiores la descartaron por razones de legalidad procesal.
