La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, confirmando que será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental relacionados con un supuesto esquema de facturas falsas durante 2020 y 2021 por un importe superior a 350.000 euros. Esta decisión acerca a González Amador al juicio oral.
El tribunal ratificó el auto de procedimiento abreviado emitido por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid y desestimó los argumentos presentados por la defensa, que alegaba vulneración de derechos y solicitud de diligencias adicionales. Con esta resolución, la causa principal queda preparada para la apertura del juicio oral en cuanto las acusaciones lo soliciten y se completen los trámites procesales correspondientes.
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De acuerdo con las averiguaciones, la Agencia Tributaria identificó indicios de defraudación fiscal por una cantidad entre 350.910 y 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades correspondientes a los años 2020 y 2021, mediante el uso de facturas presuntamente falsas y sociedades vinculadas que permitieron deducir gastos indebidos y trasladar bases imponibles. La Audiencia respalda que estos hechos, en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, sean juzgados.
El caso involucra a la empresa Maxwell Cremona, propiedad del investigado, y facturaciones a entidades como Quirón Prevención, además de a la sociedad Masterman & Whitaker, que, según los indicios, formaba parte del entramado para reducir artificialmente la carga tributaria. La resolución considera que los hechos expuestos por el juzgado instructor tienen suficiente relevancia penal para seguir con el proceso.
En cuanto a las sanciones, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han solicitado para González Amador una pena próxima a 3 años y 9 meses de prisión, junto con multas significativas, a la espera de los detalles finales que se establezcan en los escritos de acusación. El ingreso del importe defraudado durante la investigación podría ser considerado un atenuante si el tribunal lo admite, aspecto que se resolverá en el juicio.
La defensa argumentó que se vulneraron derechos fundamentales debido a la filtración de comunicaciones y documentos relacionados con el expediente tributario, un asunto que se encuentra en trámite ante el Tribunal Supremo. Además, solicitó la práctica de nuevas diligencias. Sin embargo, la Audiencia avaló el cierre de la instrucción y desestimó estas peticiones, permitiendo la continuidad del procedimiento.
La confirmación del procesamiento no implica una condena, aunque acerca el asunto al juicio oral y obliga a las partes a concretar con exactitud los hechos, las pruebas y las responsabilidades. Paralelamente, el caso mantiene gran repercusión pública debido a la relación de pareja de González Amador con Ayuso, aunque la presidenta madrileña no figura como parte en la causa.
