El Tribunal Supremo inició este lunes el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La defensa criticó fuertemente el proceso judicial.
La Abogacía del Estado, encargada de la defensa de García Ortiz, calificó la investigación, dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, de “inquisitiva e invasiva” y solicitó la nulidad del procedimiento por violación de derechos fundamentales. Consuelo Castro, abogada que lideró la presentación de cuestiones previas, señaló que el caso ha estado condicionado por una “preconcebida idea de culpabilidad” y una búsqueda selectiva de evidencias incriminatorias.
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“El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto; sus derechos no han sido respetados”, declaró Castro, quien fue directora de la Abogacía General del Estado.
Un juicio sin precedentes
Esta vista oral representa la primera causa contra un fiscal general en la etapa democrática en España y mostró escenas inusuales. García Ortiz, ataviado con la toga de fiscal general, asistió al juicio junto a sus abogados, mientras que de forma atípica, la Fiscalía también pidió su absolución.
El acusado ingresó al Tribunal Supremo por la entrada destinada a autoridades —una excepción en procesos penales— y fue despedido con aplausos por un amplio grupo de trabajadores de la Fiscalía General del Estado antes de comenzar la audiencia.
Dudas sobre el registro y la gestión de evidencias
La defensa cuestionó con rigor la orden de registro de su despacho, realizada el mismo día en que se le indicó que designara abogado. Castro argumentó que tanto esa actuación como el material incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberían declararse nulos.
Entre las pruebas principales de la acusación figura el borrado de mensajes y correos electrónicos del teléfono de García Ortiz, además de la coincidencia temporal entre la recepción del correo del abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— y la primera publicación al respecto en la Cadena SER.
La defensa sostiene que el contenido de ese correo ya era de amplio conocimiento en los medios antes de que el fiscal general lo recibiera.
La Fiscalía apoya las objeciones
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, respaldó los reparos de la Abogacía del Estado, solicitando también la nulidad del registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de donde se obtuvieron mensajes que sustentan la acusación.
Sánchez Conde señaló que no existen aún pruebas técnicas que demuestren que la filtración ocurrió mediante medios electrónicos:
“Seguimos sin un solo dato que confirme que el delito se cometió a través de correo electrónico o mensajería instantánea”, puntualizó.
Primer testigo defiende la legalidad de la instrucción
El primer testigo, Julián Salto, fiscal responsable de la investigación por fraude fiscal contra González Amador, avaló la actuación de García Ortiz. Salto describió como “orden legal” la instrucción dada por el fiscal general para recopilar los correos intercambiados con el abogado del empresario, Carlos Neira.
También mencionó que la solicitud de información se efectuó tras la publicación en El Mundo de una noticia sobre un supuesto pacto con la Fiscalía, información que calificó como “falsa” y parte de una “campaña de desinformación” continuada.
“En mis 20 años de carrera nunca he contactado a un abogado para ofrecer una conformidad. Esa información es totalmente falsa”, enfatizó Salto, quien mostró sorpresa porque su correo llegó al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a varios periodistas.
El juicio se prolongará en los próximos días con la declaración de más de 40 testigos citados por el Tribunal Supremo. La defensa mantendrá su petición de anulación del proceso por supuestas vulneraciones procesales, mientras que la acusación intentará probar que el fiscal general divulgó información confidencial a la prensa.
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