La representación legal de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, ha señalan que el ministro de Transportes, Óscar Puente, promovió un informe supuestamente “manipulado” y “falso” que fundamentó su imputación en la causa relacionada con las mascarillas. En un documento enviado este miércoles al Tribunal Supremo, la abogada Leticia de la Hoz reclama la anulación del procedimiento, argumentando que las acusaciones obedecen a una táctica “selectiva” y “dirigida”, con el objetivo de preservar a determinados implicados y cargar la responsabilidad sobre otros.
El recurso indica que dicho informe fue solicitado por el Ministerio de Transportes pocos días después de la detención de García, el 27 de febrero de 2024, y se emitió el 19 de agosto del mismo año. De la Hoz argumenta que el informe, elaborado sin las garantías procesales y sin un soporte legal vigente, omitió información que podría exonerar a García, utilizó un lenguaje evaluativo inapropiado para un documento técnico y se publicó con la intención de influir en la percepción pública y judicial.
La abogada destaca que el Real Decreto 253/2024, que habilitaba al órgano ejecutor para realizar auditorías, entró en vigor el 12 de marzo de ese año, por lo que considera que el informe carece de validez legal. Además, señala que el documento funcionó más como una herramienta de exposición pública que como una auditoría interna, ya que fue difundido en la página web del Ministerio y en medios de comunicación para ejercer una presión mediática significativa.
El texto añade que el informe fue incorporado al proceso por la Audiencia Nacional y usado como base para la exposición razonada que llevó a la imputación de García y Ábalos ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, la defensa denuncia una “selección estratégica de imputaciones” que excluyó a “actores esenciales” del caso, tales como los presuntos beneficiarios de las actividades investigadas, quienes habrían comparecido solo como testigos. Entre estos, se mencionan a Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos; la aerolínea Air Europa; el empresario Claudio Rivas, de Villafuel; y varios cargos públicos que presuntamente habrían facilitado intereses empresariales.
De la Hoz también solicita la devolución de los teléfonos móviles de su cliente, cuya retención califica de injustificada, y advierte que el suplicatorio aprobado por el Congreso para investigar a Ábalos no incluía algunos de los hechos que ahora están siendo analizados por el Supremo, como la financiación pública de Air Europa o las gestiones fiscales relacionadas con Víctor de Aldama.
En conclusión, la abogada pide al alto tribunal que declare la nulidad del proceso y retire la imputación a García, alegando la violación de derechos fundamentales y manipulación de pruebas.
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