El juzgado ha aceptado a trámite la querella que presentó la familia de Sandra Peña, una adolescente de 14 años que se suicidó en octubre pasado en Sevilla, informó este miércoles su tío y portavoz, Isaac Villar.
La denuncia, presentada el viernes anterior, se dirige contra el colegio Las Irlandesas de Loreto y varios de sus responsables y docentes relacionados con la alumna, por presunta inacción ante el acoso escolar que, según la familia, padecía la menor y que podría haber provocado su fallecimiento.
Este miércoles, los familiares mantuvieron una reunión con Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, en la sede de la Consejería en Sevilla. Desde este organismo confirmaron que la investigación administrativa está suspendida mientras se resuelve el proceso judicial.
«Nos aseguraron que llegarán hasta el final en la investigación y que adoptarán todas las medidas pertinentes conforme a los hechos que se comprueben», indicó Villar, quien añadió que la familia se siente «muy respaldada por la Junta».
En su declaración pública, el portavoz agradeció «el apoyo que están recibiendo de la sociedad» y afirmó que la mejor forma de responder es «continuar con esta lucha», pese al impacto emocional que siguen padeciendo los padres.
Villar destacó que mantener el proceso judicial y el debate público es clave para promover cambios que eviten hechos similares en el futuro.
Sandra Peña se quitó la vida el 14 de octubre, tras salir del colegio, al lanzarse desde la azotea de su vivienda. Esto motivó investigaciones tanto por parte de la Policía Nacional como de la Consejería de Desarrollo Educativo.
La Junta entregó la información recopilada a la Fiscalía tras encontrar posibles fallos en la aplicación del protocolo de acoso escolar y de conductas autolesivas en el centro concertado. Además, abrió un expediente administrativo para determinar responsabilidades.
Según explicó Isaac Villar días después, la única medida tomada por el colegio fue cambiar de aula a las presuntas agresoras, y esto solo tras petición expresa de la madre de Sandra.
El acoso habría comenzado aproximadamente un año antes y se intensificó durante el verano, periodo en que Sandra empezó atención psicológica, hecho que fue denunciado formalmente.
El Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes: uno contra las menores presuntamente involucradas en el acoso y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio. En este procedimiento han declarado tanto los padres de Sandra como cuatro docentes, además el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional realizó diligencias incluyendo el análisis del teléfono móvil y las redes sociales de Sandra.
Los padres confían en que se determinen responsabilidades «ejemplarizantes» de manera rápida. Por su parte, desde el colegio afirman haber activado sus protocolos internos, aunque admiten que no reportaron el caso al sistema Séneca de la Consejería.
