Ceuta, 25 de junio de 2025 – La administración de algunas sociedades municipales en Ceuta vuelve a generar debate público tras detectarse indicios que sugieren posibles irregularidades en la adjudicación de contratos. En particular, en Acemsa, este medio ha accedido a numerosos contratos menores que se han adjudicado directamente y de forma reiterada a las mismas compañías, con importes próximos al límite legal permitido, lo que ha generado sospechas sobre un posible fraccionamiento para eludir los procesos habituales de licitación pública.
La inquietud aumenta ante la falta de respuestas firmes por parte de los órganos de control y de los principales actores políticos y sindicales. A pesar de las frecuentes declaraciones que mencionan una «gestión poco transparente» o «carencia de claridad», ni los sindicatos principales ni los partidos de oposición han presentado denuncias formales a la Fiscalía ni han iniciado investigaciones internas. Este silencio institucional ha sido interpretado por algunos sectores como falta de acción que podría comprometer la integridad del sistema público.
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Directivos bajo análisis
De acuerdo con fuentes con conocimiento de la operativa interna de varias sociedades públicas en Ceuta, las sospechas recaen sobre directores generales, gerentes y responsables de gestión que podrían haber estado involucrados en prácticas dudosas. Estas podrían incluir la asignación preferente de contratos a ciertas empresas, trato de favor reiterado y un uso inapropiado de los mecanismos de contratación directa, lo que de confirmarse, vulneraría el principio de concurrencia y transparencia exigido en la normativa pública.
Déficit en los controles
El contexto actual pone de manifiesto una carencia en los sistemas de vigilancia. Ni la intervención general, ni los órganos de fiscalización de la Ciudad Autónoma, ni los partidos con representación institucional han promovido acciones para corregir estas situaciones. Esto ha facilitado la consolidación de una cultura administrativa opaca, donde la fragmentación de contratos, la ausencia de licitaciones abiertas y la posible existencia de redes clientelares se han vuelto habituales.
Expertos en administración pública consultados advierten que esto no es un caso aislado, sino un patrón establecido en varias empresas municipales. De no abordarse de forma oportuna, estas irregularidades podrían derivar en responsabilidades administrativas, económicas o penales.
La falta de responsabilidad
La carencia de acciones formales por parte de quienes tienen capacidad de intervenir plantea una cuestión central: ¿quién controla a quienes deben supervisar? Sin una voluntad política clara ni presión sindical para investigar posibles responsabilidades, la investigación recae en mecanismos internos y, eventualmente, en la justicia si se presentan denuncias o se aportan pruebas.
Por ahora, las posibles investigaciones avanzan de manera discreta, sin apoyo institucional explícito ni un plan definido. La población, mientras tanto, muestra un aumento en la desconfianza hacia la gestión pública, en un contexto en que los mecanismos de rendición de cuentas parecen debilitados.
Un problema estructural
Más allá del caso concreto de Acemsa, esta situación podría afectar a otras empresas municipales, donde se han identificado conductas similares. Aunque no existe resolución judicial que confirme irregularidades, la persistencia de contratos menores adjudicados sin concurso y la limitada rotación de proveedores en determinados servicios públicos han encendido las alarmas acerca de un posible uso arbitrario de fondos públicos.
Este escenario requiere una respuesta institucional transparente que recupere la confianza en la gestión pública y refuerce los mecanismos de control internos y fiscalización. Sin transparencia, sin compromiso político y sin supervisión efectiva, el riesgo no es únicamente financiero, sino también estructural, afectando la credibilidad democrática y los principios esenciales que deben regir la administración pública.
