La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas. Esta decisión surge tras solicitar la retirada inmediata de miles de anuncios que no cumplían con la normativa vigente, específicamente por no incluir el número de licencia requerido.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha comunicado que este expediente tendrá un periodo de instrucción antes de determinar si se aplicará una sanción a la plataforma, cuyo nombre no ha sido revelado. Esta es la tercera investigación de Consumo en relación con pisos turísticos, tras detectar irregularidades en agencias inmobiliarias y grandes empresas del sector.
Las prácticas investigadas podrían considerarse infracciones graves, con multas que oscilan entre 100.000 euros y hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido. Estas medidas buscan frenar las prácticas abusivas que afectan a los consumidores y usuarios.
La Plataforma no ha retirado los anuncios
La investigación comenzó en junio, cuando Consumo solicitó información a varias plataformas sobre las viviendas anunciadas. Posteriormente, se envió un requerimiento de cese a una de estas plataformas, instándola a retirar los anuncios ilegales. Sin embargo, al no cumplir con esta solicitud, se ha procedido a incoar un expediente sancionador.
Anuncios en Distintas Comunidades Autónomas
Los anuncios investigados están distribuidos en diversas comunidades autónomas, lo que podría representar un riesgo generalizado para los consumidores. Esta acción forma parte de los esfuerzos del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, para abordar la crisis de vivienda en España.
Bustinduy ha manifestado su preocupación por el impacto de estos modelos de negocio en las familias españolas, afirmando que ninguna empresa está por encima de la ley. Estas iniciativas buscan garantizar que el mercado de alquiler sea justo y accesible para todos.
En conclusión, la Dirección General de Consumo continúa trabajando para asegurar que las plataformas de alquiler turístico cumplan con la normativa, protegiendo así los derechos de los consumidores y promoviendo un mercado más transparente y equitativo.
