El Ministerio dirigido por Ana Redondo plantea establecer una distancia mínima de 350 metros para asegurar la intervención policial. Seis de los diez feminicidios registrados en 2026 tenían denuncias previas, mostrando deficiencias en el seguimiento de los agresores.
Ante el considerable aumento de casos de violencia de género en los primeros meses de 2026, el Ministerio de Igualdad ha tomado una postura activa. La cartera encabezada por Ana Redondo ha enviado este lunes un conjunto de recomendaciones a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la finalidad de modificar los protocolos de protección que se han evidenciado insuficientes para prevenir tragedias.
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La distancia como elemento decisivo para la protección
La medida principal que sugiere Igualdad consiste en incrementar la distancia mínima establecida en las órdenes de alejamiento. Actualmente, muchas de estas restricciones judiciales resultan insuficientes según el Gobierno.
- Distancia mínima de 350 metros: La propuesta establece que ninguna orden de alejamiento sea inferior a esta cifra, dado que si el agresor se encuentra a menos de 350 metros, las fuerzas de seguridad no disponen del tiempo necesario para actuar antes de que ocurra un ataque.
- Acción rigurosa frente al incumplimiento: El Ministerio reclama la apertura sistemática de procedimientos penales ante cualquier incumplimiento de las obligaciones o mal uso de las pulseras Cometa, una práctica que actualmente no siempre se aplica.
Pulseras Cometa bajo estrés operativo
El documento dirigido a jueces y fiscales identifica deficiencias técnicas que limitan la efectividad de los dispositivos de seguimiento:
- Zonas sin cobertura: Se solicita adaptar los protocolos en áreas donde la señal es débil, ya que la pérdida de comunicación expone a la víctima a riesgos sin aviso.
- Alarmas frecuentes: El sistema enfrenta dificultades cuando el domicilio del agresor se localiza dentro del área restringida a la víctima, provocando una acumulación de alertas que sobrecargan los recursos policiales y psicológicos.
Un comienzo de año marcado por hechos graves
La necesidad de estas recomendaciones queda respaldada por los datos de un preocupante inicio de año. Con un caso pendiente de confirmación en Sarriguren (Navarra), España suma ya diez mujeres asesinadas y dos crímenes vicarios (menores involucrados) en lo que va de 2026.
Dato relevante: En el 60 % de los asesinatos ocurridos este año había denuncias previas. En 2025, esta proporción fue solo del 20,8 %, lo que evidencia fallos en la protección de las mujeres que ya solicitaron ayuda.
Desde 2003, el número total de víctimas asciende a 1.353. Además, el impacto afecta a los hijos, ya que en tan solo mes y medio seis menores han quedado huérfanos. Igualdad reconoce la necesidad de reforzar las evaluaciones de riesgo para que el sistema VioGén pueda responder mejor a la realidad.
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