Haxx, antes conocida como Hafesa, permanece activa y conserva su autorización como operador a pesar de una sanción de 154 millones de euros por fraude en el IVA. Su propietario, Alejandro Hamlyn, continúa prófugo, mientras el Gobierno mantiene la espera hasta que la sentencia sea definitiva.
El sector petrolero ha manifestado su desconcierto ante la situación de Haxx, que sigue operando en el mercado de hidrocarburos y mantiene su licencia (Redef), aun cuando la Audiencia Nacional la ha condenado por un fraude fiscal relacionado con el IVA de hidrocarburos.
La multa impuesta supera los 150 millones de euros por un fraude cometido entre 2016 y 2019, valorado en 154 millones.
La circunstancia genera preocupación porque el propietario de Haxx, Alejandro Hamlyn, se encuentra huidizo de la Justicia y reside en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Apoyo del Gobierno y la Hacienda Foral
Desde el sector se critica que, en los últimos meses, numerosas empresas han perdido la autorización Redef impuesta por la Agencia Tributaria, la mayoría antes de contar con una sentencia firme.
- Ministerio de Transición Ecológica: Este ministerio, que tiene la facultad para suspender actividades, argumenta que no puede intervenir mientras la empresa cumpla los requisitos técnicos y financieros.
- Agencia Tributaria: Indica que decidirá sobre la revocación del Redef cuando la sentencia de la Audiencia Nacional sea definitiva.
Además, la condición se agrava por los beneficios fiscales que el grupo recibió del PNV mediante la Diputación de Vizcaya. El Grupo Hafesa obtuvo un aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a partir de 2019, en un contexto donde tanto la empresa principal como su dueño ya estaban investigados por fraude fiscal.
Respuesta de Haxx
La compañía condenada sostiene su operatividad:
«La condena no es definitiva, pues aún cabe recurso y esa es la vía que vamos a tomar. Además, la actividad empresarial es necesaria para cubrir cualquier posible responsabilidad civil.»
Haxx señala que ha implantado un sistema de compliance y asegura que los ejercicios fiscales de 2019 a 2025 no están cuestionados, confiando en obtener una absolución tras recurrir.
Sin embargo, expertos jurídicos prevén que una vez ejecutada la sentencia y pagada la multa, la empresa presentará fondos propios negativos y el Ministerio de Transición Ecológica se verá obligado a proceder a su inhabilitación.
