El sistema mixto, supervisado por el Defensor del Pueblo, ofrece un mecanismo de reparación tanto económica como espiritual, con financiación total por parte de la Iglesia católica.
Este lunes, 30 de marzo de 2026, representa un avance significativo en la atención a las víctimas de abusos sexuales en el contexto eclesiástico. El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española (CEE) firmaron en la sede del Defensor del Pueblo un protocolo que pone en marcha un sistema pionero de compensaciones, orientado a abordar casos sin acceso efectivo a la vía judicial convencional.
La ceremonia contó con la participación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Un sistema mixto para superar la desconfianza
Este nuevo modelo se ha creado para responder a las víctimas que, por desconfianza o escepticismo, evitaban los órganos exclusivos de la Iglesia, como el Plan PRIVA. Bajo esta fórmula de colaboración Iglesia-Estado, se establece un proceso con garantías:
- Inicio: La víctima presenta su caso en una unidad especializada del Ministerio de Justicia.
- Evaluación: El expediente se remite a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que propone una resolución económica, simbólica o espiritual.
- Validación: La propuesta es analizada por la comisión del Plan PRIVA de la Iglesia.
- Resolución final: Si existen discrepancias, una Comisión Mixta con representantes de asociaciones de víctimas mediara para alcanzar un acuerdo. En última instancia, el Defensor del Pueblo decidirá.
Financiación y exclusiones
Uno de los aspectos esenciales del acuerdo es que la Iglesia se hará cargo del coste total de las indemnizaciones. Sin embargo, el protocolo especifica que este mecanismo es complementario y no acumulativo: quienes hayan aceptado previamente una reparación por el Plan PRIVA no podrán iniciar un nuevo procedimiento en esta vía gubernamental.
«Se abre una nueva vía para garantizar justicia, asegurando que ninguna víctima quede sin respuesta debido a la prescripción de los delitos o la muerte del agresor», indicaron fuentes próximas a las negociaciones.
Con esta aprobación se concluyen varios meses de negociaciones y detalles pendientes, estableciendo un marco estable de cooperación para abordar una de las responsabilidades más complejas de la Iglesia con la sociedad española.
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