El Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que modificará 18 normativas, entre ellas seis leyes orgánicas, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Estas nuevas disposiciones imponen mayores limitaciones a empresas, administraciones y partidos políticos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó tras el Consejo de Ministros que se trata de una ley «muy ambiciosa». Entre las principales novedades figura la creación de un registro público para empresas con prohibición de contratar con la administración, así como la ampliación de cinco a veinte años del período durante el cual las compañías condenadas por corrupción estarán impedidas de contratar con el Estado o de recibir subvenciones y beneficios fiscales.
Asimismo, se reducen los umbrales de transparencia en las donaciones a partidos políticos: ahora serán públicas aquellas aportaciones superiores a 2.500 euros, en lugar de los 25.000 anteriores. Además, los partidos tendrán que auditar sus cuentas mediante entidades externas, y se endurecerá el régimen sancionador para quienes incumplan estas obligaciones.
La ley también extiende la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, fortalece la Oficina de recuperación y gestión de activos, y amplía las facultades del Estado para incautar bienes de implicados mediante mecanismos como el «decomiso sin condena» y la confiscación de «riqueza no justificada».
El Ejecutivo sostiene que estas medidas pretenden aumentar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas y prevenir la corrupción en todos los niveles de la administración pública.
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