La administración de Extremadura, liderada por María Guardiola (PP), ha suprimido la limitación que impedía a los jefes de servicio del sistema sanitario público combinar su función con la práctica en el sector privado. Esta modificación, realizada en los meses previos a las elecciones, se acompaña de un notable crecimiento en la externalización sanitaria: las derivaciones de pruebas diagnósticas a centros privados se incrementaron en un 59%.
Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que en el primer año completo de gestión del Ejecutivo popular, el gasto en externalizaciones superó los niveles alcanzados durante cualquier ejercicio del anterior Gobierno socialista. Este aumento ha abierto de nuevo el debate político acerca del modelo sanitario y el rol de la iniciativa privada dentro del sistema público en Extremadura.
Desde el grupo opositor Unidas por Extremadura, el diputado José Antonio González ha expresado críticas contundentes, describiendo la situación como «una combinación problemática», al considerar que la derogación de incompatibilidades para altos cargos sanitarios junto con el incremento de derivaciones a clínicas privadas podría propiciar conflictos de interés y afectar la fortaleza del sistema público de salud.
Por su parte, el Gobierno regional argumenta que flexibilizar las incompatibilidades pretende conservar el talento médico y optimizar la eficiencia del sistema, mientras que las derivaciones se presentan como una estrategia para disminuir las listas de espera y agilizar la atención de los pacientes.
Esta política que permite la compatibilidad entre el ejercicio en la sanidad pública y privada, unida al aumento del gasto en servicios externalizados, se ha convertido en un punto central de controversia política en Extremadura, especialmente en un contexto electoral y en medio de discusiones sobre la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario regional.
