Tras casi un cuarto de siglo sin ninguna variación, los empleados públicos han logrado que el Ejecutivo se comprometa a revisar las dietas que reciben para cubrir gastos de comida y alojamiento durante sus viajes oficiales.
Desde 2002 estas compensaciones permanecían sin modificación, pese a que en ese período el costo de un menú del día casi se ha duplicado y las tarifas hoteleras han aumentado aproximadamente un 60%.
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La revisión de estas dietas tiene como objetivo ajustar las cantidades otorgadas al costo actual de vida, para evitar que los trabajadores del sector público deban afrontar gastos que no se correspondan con la inflación ni con los incrementos en el sector de la hostelería. Aunque aún no se ha especificado cuándo se implementarán los nuevos valores, el acuerdo supone un avance relevante en la actualización de las condiciones laborales del ámbito público.
